19 de Septiembre de 2018

Yucatán

‘Cercarán’ el contrabando de carbón en la Península

Intercambian información para detectar zonas autorizadas para esa actividad, que provenga de un lugar legal y no de un sitio ‘fantasma’.

A quien comercialice sin acreditar la procedencia legal de un producto forestal, comete un delito contra la biodiversidad y se castiga con penas de prisión que pueden ir de uno a nueve años. Imagen de un hombre embolsando carbón.(Milenio Novedades)
A quien comercialice sin acreditar la procedencia legal de un producto forestal, comete un delito contra la biodiversidad y se castiga con penas de prisión que pueden ir de uno a nueve años. Imagen de un hombre embolsando carbón.(Milenio Novedades)
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Ana Hernández/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- Con el apoyo de las autoridades estatales y federales de los tres estados de la Península, se aplica un sistema de “inteligencia documental” para ‘cercar’ la práctica ilegal de transporte de carbón, con el “cruce” de información para verificar que este producto proviene de un lugar legal y no de un sitio ‘fantasma’, señaló el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Yucatán, José Lafontaine Hamui.

“Hemos cruzado información de todos los sitios que son designados como embarque forestal y son inspeccionados en los tres estados para saber si existe el sitio; ya sabemos que algunos no, así que en futuros aseguramientos cuando nos presenten esa documentación determinando el lugar de origen que no existe aseguramos de manera inmediata” explicó.

El entrevistado señaló que en la entidad, el combate de esta anomalía ha implicado la revocación de algunos códigos forestales ante las anomalías que han detectado.

Enfatizó que el decomiso de más de 42 toneladas de carbón en un local que funcionaba como centro de acopio en el municipio de Kanasín, de lo cual se informó a principios de este mes, ha sido uno de los golpes más fuertes, porque en otros aseguramientos han sido de un contenedor y este lleva en promedio 20 toneladas o menos.

Este tipo de delitos, enfatizó el funcionario federal, se castiga con penas de prisión que pueden ir de uno a nueve años, porque quien comercialice sin acreditar la procedencia legal de un producto forestal, comete un delito contra la biodiversidad, como lo establece en el Código Penal Federal y se grava si es un área natural protegida.

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