Luis Fuente
MÉRIDA, Yuc.- Los abogados defensores Juan Góngora Puerto y Patricia Castro González señalaron que en el juicio contra Enrique Lara González los fiscales no pudieron probar que existió un plan preconcebido y una división de tareas en la ejecución del delito, pues ningún testigo o documental trajo esa información durante el juicio.

Insistieron en que en este proceso que duró tres años y cinco meses, las pruebas ofrecidas por los fiscales no demostraron, más allá de toda duda razonable, que Lara González tuvo participación en el asesinato de Felipe Triay Peniche, a mediados de agosto de 2014.

Señalaron que el Tribunal Segundo de Juicio Oral escuchó las excusas de la Fiscalía del por qué las evidencias llevaron un procesamiento muy particular, olvidando que no se demostró, con ninguna prueba, ni siquiera que el occiso haya perdido la vida en las últimas horas del 15 y primeras horas del 16 de agosto del año 2014, ya que el médico forense señaló en el cronotanodiagnóstico -que fue clave- que el deceso ocurrió a las 18:00 horas de ese día.

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Los abogados defensores argumentaron que en su afán de resolver un caso, la Fiscalía violó el debido proceso en perjuicio de Lara González, pues realizó el cateo en un lugar distinto de lo ordenado, y que los testigos nombrados en la diligencia nunca estuvieron presentes en la misma, para que verificaran que lo asentado en dicha acta sea la verdad de lo encontrado en ese acto.

Añadieron que de los peritos de la FGE fueron apreciaciones subjetivas y “sembradas”, pues las huellas encontradas en la botella e impresora fueron halladas en el cateo en el predio donde sucedieron los hechos, pero la compra de la impresora se realizó un día después de la supuesta fecha del deceso, es decir, el 16 de agosto de 2016.