Luis Fuente/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yucatán.- Enrique Lara González presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN la revisión adhesiva para efecto de que el máximo tribunal del país confirme el amparo que lo absolvió de su participación en el asesinato del también psiquiatra, Felipe Triay Peniche.

Los abogados de Lara González confían que se confirme el amparo concedido por el Tribunal Colegiado en materia penal del Decimocuarto Circuito por estar la misma ajustada a Derecho.

Añadieron que la SCJN aceptó recibir el caso pero fue bajo reserva, porque posteriormente decidirá si lo admite y entrar al estudio de fondo.

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Milenio Novedades informó que el 18 de enero pasado y luego de un proceso de tres años y cinco meses, Enrique Lara González quedó libre de toda responsabilidad en el asesinato del también psiquiatra Felipe Triay Peniche, pues el Colegiado de lo penal del Decimocuarto Circuito le concedió el amparo en contra la sentencia del 16 de diciembre de 2016, en la que en segunda instancia se revocó la absolución que le había concedido el Tribunal Segundo de Juicio Oral, en agosto de ese mismo año.

Por unanimidad los magistrados Luisa García Romero, Pablo Jesús Hernández Moreno  y Jorge Enrique Edén-Winter García, quien fue el ponente, concedieron la protección de la justicia federal lisa y llana a Enrique Lara González, de modo que revocaron la sentencia emitida el 16 de diciembre de 2016 por la sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y también la orden de aprehensión emitida en su contra.

Ante esto, la familia de la víctima interpuso un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el argumento de inconstitucionalidad, que el tribunal colegiado violentó los derechos de las víctimas al no considerarlos como terceros afectados, además de que hay una incorrecta interpretación del artículo 20 de la Ley de Amparo.

Los abogado de Lara González presentaron el viernes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revisión adhesiva, en la que argumentan que no hubo violación a los derechos fundamentales de tercero, ya que el tribunal Colegiado solo resolvió sobre la actuación de la sala penal del TSJE, que valoró incorrectamente unas pruebas.