Mientras el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto insistía en confrontar directamente a los grupos de la delincuencia organizada e ir por los objetivos principales, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pretendía pacificar al país, pero no por la vía armada, sino confiscando los recursos económicos que obtiene la industria trasnacional del narcotráfico y con la legalización del consumo de la mariguana con fines lúdicos y de la amapola con fines medicinales.

A unas semanas de un cambio no sólo de gobierno, sino también de régimen, el priista tiene como objetivo principal atrapar a como dé lugar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que creció exponencialmente en este sexenio. Al mismo tiempo, puede estar articulando contactos de primer nivel para la construcción de redes de impunidad dentro de los circuitos institucionales estratégicos del Estado (Atlas de seguridad y la defensa de México 2016, Senado de la República).

La administración de Peña Nieto sabe que las investigaciones van a terminar señalando a los operadores principales del narcotráfico, llámense capos o lugartenientes, pero también tarde o temprano van a llegar hasta autoridades federales, estatales y municipales que lo permitieron por consentimiento, colusión, omisión o porque fueron capturados por los grupos de la delincuencia organizada.

En su proyecto para reconciliar y pacificar al país, AMLO, a través de su futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en su ponencia en el Colegio de México (Colmex), advertía que se pretende impulsar la justicia trancisional, siempre con las víctimas en el centro. No existe un modelo único, lo que sí existe son pilares como memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Para ello es imprescindible un programa nacional que involucre a todas las autoridades administrativas y judiciales encargadas de hacer la reparación.

Este modelo de justicia desea llegar hasta las últimas consecuencias para averiguar y reescribir la historia de la guerra contra las drogas. Llegar hasta las últimas instancias para averiguar quién planeaba y quiénes ejecutaban las masacres, ejecuciones, desapariciones forzadas, desplazamientos, secuestros, feminicidios, trata de personas y órganos e incluso hacer justicia a los migrantes.

Como ejemplo de que cuando termina un gobierno mucha de su información sale a la luz pública, un estudio realizado por el Senado afirma: “El control político que se tenía sobre el crimen organizado se deterioró con el primer gobierno democrático encabezado por Vicente Fox (2000-2006). En enero de 2001, Joaquín “El Chapo” Guzmán escapó de prisión y organizó el Cártel de Sinaloa hasta convertirlo en una poderosa banda del crimen organizado transnacional”.