En menos de seis meses sabremos el nombre del próximo presidente de la República. Habrá para entonces terminado una más de las ya por sistema intensamente agresivas campañas electorales. Uno de los bandos se alzará con un triunfo que, en el mejor de los casos, logrará con apenas el 40% de los votos emitidos. En consecuencia, nada mejorará en las capacidades de gobernar del nuevo presidente y, como desde 2000, estaremos ante un ejecutivo electoralmente legítimo y políticamente maniatado. Un presidente incapaz de lograr el consenso necesario para dirigir a la sociedad en la ejecución de un programa de gobierno. Ponga Ud. el sobrenombre que prefiera al nuevo inquilino de Los Pinos en 2018, Tricky Dicky, Pepe o Peje, el resultado poco cambiará.

Un presidente que el día de su elección habrá sido activamente rechazado por 6 ó 7 de cada 10 electores; que para el momento de su toma de posesión, cinco largos meses después, habrá sido públicamente desgastado sin haber aún asumido el poder; y que probablemente haya ya tenido algún escándalo en su equipo de transición, o un juniorazo antes de haber firmado su primer cheque oficial; adolecerá, sea quien sea, de capacidad práctica para encabezar al conjunto de los mexicanos en la tarea de construir México durante seis años. No se trata de un problema de capacidades personales del presidente o de su gobierno, que sin duda pueden mejorar o empeorar los resultados, sino de la dinámica de la sociedad en su conjunto, incluyendo su pluralidad, su diversidad social y sus contradicciones políticas y económicas. Es una necesidad práctica que las acciones de gobierno, especialmente las de largo alcance, cuenten con el profundo respaldo, incluso participativo, de una mayoría de la población tan amplia como sea posible. Se necesita un jefe de Estado y un gobierno desde luego legitimado por las urnas, pero en el que además la mayoría de los mexicanos vea a un dirigente válido. Los grandes problemas que hoy enfrentamos, destacadamente la miseria y la desigualdad, requieren para su superación de un esfuerzo nacional enorme, que no puede lograrse sólo por el aparato de Estado, y mucho menos si éste sirve preferencialmente los intereses particulares de una minoría plutocrática.

En estas condiciones, lo que México necesita no es sólo un cambio de gobierno, sino fundamentalmente un cambio de sistema político. Sólo una democracia que produzca gobiernos con el consenso ampliamente mayoritario de la sociedad podrá devolver a ésta resultados prácticos del libre ejercicio del voto. Sin embargo, no veo a ninguno de los candidatos preocupado por poner en marcha la gran reforma constitucional que Fox descarriló en 2001.