Si se ha hablado mucho del daño que inflige a la vida democrática y a sus instituciones la tendencia a judicializar los procesos electorales, cuando se pugna porque las elecciones sean decididas por los jueces y no por los votos; otro tanto debe anotarse a la práctica insana de politizar la impartición de la justicia, como han hecho al alimón el Ayuntamiento de Mérida y los partidos (PAN y MC) que postularon al candidato Mauricio Vila, en el caso de las empresas fantasmas denunciado ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán por el candidato de Morena, Joaquín “Huacho” Díaz.

Porque lo que persiguen, a fin de cuentas, es obtener inmunidad, que en este caso corresponde descaradamente a la búsqueda de la impunidad, para que los delitos que se pudieran haber cometido y quedaran probados en la investigación queden sin castigo.

Lo que solicita la alcaldesa sustituta, María Fritz Sierra, es la suspensión de la auditoría y no, como correspondería a una autoridad administrativa, un procedimiento justo de supervisión, donde la mayor muestra de parcialidad consiste en haberle solicitado al Ayuntamiento la documentación relativa a las empresas que se investigan, con la coartada de que “son muchas (100 mil) copias solicitadas”.

Están exagerando porque lo único que tienen que hacer es entregar la información sobre las empresas, si realmente existen; las licitaciones que se hubieran hecho; los contratos que firmaron con ellas; así como los expedientes sobre el reporte de los trabajos realizados y su recepción. Documentación toda que deberían tener a mano y a disposición del público, sobre todo si, como presumen, se trata de una administración que rinde cuentas de manera transparente y oportuna.

La autoridad municipal no necesita engancharse con las campañas políticas, poniendo en duda la rectitud de las instituciones estatales, como la Auditoría Superior, ni precisa reclutar como abajo firmantes a los empresarios honestos que trabajan para el municipio.

Tampoco se les pide presentar a los que cobraron por los trabajos que fueron contratados, pues ya se sabe que los cheques sí salieron y sí fueron cobrados; lo que Joaquín Díaz denunció es que las empresas no existen.

Los partidos políticos, PAN y MC, están en libertad de usar la estrategia que más crean conveniente, por más que falte a la verdad y sea éticamente reprobable, como señalar “al PRI, al Gobierno y sus comparsas” y al “PRI-gobierrno y Peña Nieto”, cuando el acusador es su antiguo correligionario. No obstante, tienen que considerar que la táctica de pretender ensuciar las elecciones para justificar su derrota ha perdido completamente, por exceso de uso, su eficacia.

Si, como postula la alcaldesa suplente, la autoridad no puede ser auditada, de nada sirvió haber eliminado el fuero.