Olga Sánchez Cordero como posible integrante del próximo gabinete de Andrés Manuel López Obrador es prometedora.

Ministra de 1995 hasta 2015, es egresada de la UNAM con posgrado en la prestigiosa Universidad de Swansea en Gran Bretaña. Tiene una larga trayectoria que inicia en 1976 como secretaria de asuntos escolares de la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue la primera mujer notaria en el entonces Distrito Federal. Fue también magistrada del Tribunal Superior de Justicia de ese estado y ha sido docente. Tiene un récord público impecable y una amplísima aceptación de todas las fuerzas políticas.

La ministra tiene múltiples condecoraciones, honoris causa, medallas y premios por su labor profesional en la que plasmó con votos, posicionamientos y sentencias su sello personal en favor de la igualdad, del Estado de Derecho y de la protección a las víctimas.

Públicamente ha referido una infancia en un ambiente familiar tradicionalista: estudió en el Colegio Francés del Pedregal, si bien su padre fue un reconocido notario y su madre abogada, quienes le enseñaron “la obediencia pero no la sumisión”. En sus propias palabras fue el movimiento estudiantil del 68 en el que participó y otras experiencias las que dieron un giro a su visión y a su trabajo profesional.

En 2008 votó a favor de la constitucionalidad de la reforma al Código Penal del Distrito Federal que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación (Acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007) y votó a favor de rectificar una tesis que no reconocía la posibilidad de violación entre cónyuges (expediente Varios 9/2005-PS).

También estuvo a favor de que el Ejecutivo otorgara al Legislativo archivos sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) (Controversia Constitucional 26/1999).

En el mismo tono se pronunció en asuntos relevantes como Acteal, las indígenas Alberta y Teresa, la guardería ABC (Facultad de investigación 01/2009) y el desafuero del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal. Pero el más conocido es sin duda el caso Florence Cassez, donde dejó claro que “la Constitución no permite penas anticipadas”.