MÉRIDA, Yuc.- Cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Mérida comparecieron este miércoles ante la Fiscalía estatal como indiciados en una denuncia por uso ilícito de recursos públicos, pero se reservaron el derecho de declarar. Estaban acompañados por un grupo de simpatizantes panistas, quienes portaban pancartas a favor de los candidatos a gobernador y alcalde de Mérida por ese partido, y de acuerdo con la ley electoral local, no se puede hacer proselitismo en un edificio público.

La denuncia fue interpuesta por Santiago Alamilla Bazán, ex funcionario municipal, quien los acusa de utilizar recursos de la Comuna meridana para asistir a un evento de la entonces aspirante a ser candidata del PAN a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, en la Ciudad de México a mediados de 2016.

Los comparecientes fueron los regidores panistas José Luis Martínez Semerena y Mauricio Díaz Montalvo; el subdirector de Servicios Internos, Mauricio Cámara Leal, y el tesorero municipal Juan Carlos Rosel Flores, quienes se presentaron ante la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos, donde se reservaron el derecho de rendir sus declaraciones. La carpeta de investigación es la M2/2043/2017.

Los funcionarios municipales estuvieron acompañados por un grupo de unos 20 simpatizantes panistas, quienes portaban playeras con la leyenda “No a la ‘guerra sucia’ contra Mérida”, pero en cuanto notaron la presencia de los medios de comunicación, sacaron pancartas en las que manifestaban su apoyo a los candidatos panistas.

Al término de sus comparecencias, Díaz Montalvo señaló que se trata de una “guerra sucia” del gobierno estatal en contra del PAN, ya que este asunto ya tiene dos años y la demanda fue presentada en 2017, pero hasta ahora, a unas semanas de las elecciones, sale a relucir de nuevo.

Aseguró que en realidad acudieron a un curso de capacitación de la Asociación Nacional de Alcaldes, por ello deducen que todo se trata de una estrategia del PRI para afectar las campañas de Acción Nacional mediante instituciones oficiales como es la Fiscalía.

Los acusados alegan que “a final de cuentas se trata de una ‘guerra sucia’, porque nunca antes nos habían citado y apenas ahora lo hacen, en plena campaña electoral”, sostuvo Martínez Semerena.