MÉRIDA, Yuc.- Al concluir la segunda semana para presentar las declaraciones patrimoniales, en el Poder Ejecutivo unas 300 personas, que representan apenas el 6 por ciento de los cuatro mil 993 funcionarios obligados, han cumplido con este trámite. El plazo vence el jueves 31 de mayo.

Al respecto, el titular de la Contraloría General del Gobierno del Estado, Miguel Fernández Vargas, declaró que han habilitado un módulo ubicado en el Edificio Administrativo Siglo XXI, sede de la dependencia, donde imparten asesoría sobre cómo presentar de manera adecuada las declaraciones de situación patrimonial, de conflicto de intereses y la del Impuesto Sobre la Renta, ésta última en caso de ser obligado.

“Creo que iremos muy bien, es cuestión de que falte una semana para que empiecen a ‘patalear’. El llamado es a que cumplan. Hoy la ley da menos oportunidad a la gente que falla, hay obligaciones y los que no las cumplen recibirán los castigos que, ya sabemos, son desde una amonestación privada hasta una posible destitución en caso de que fuera reincidente”, mencionó.

“La realidad es que a nadie le cae bien el mínimo castigo y que en el expediente de uno haya una hoja con una amonestación privada, pública o lo que fuera”, apuntó.

Los servidores públicos deberán presentar su declaración patrimonial vía internet

Miguel Fernández agregó que la declaración patrimonial se debe presentar por internet y que para ello han difundido la información correspondiente en las dependencias de la administración estatal.

“La declaración se recibe de forma electrónica, pero los funcionarios tienen la facilidad de ir a las oficinas de la Contraloría y que los ayudemos a efectuarlas. Seguramente en la última semana, si así se requiriera, pondremos módulos en las dependencias de mayor número de trabajadores”, expuso Fernández Vargas.

Este rotativo informó hace unos días que desde el 1 de mayo pasado la rendición de declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos en Yucatán se descentralizó, se ampliaron los niveles de sujetos obligados y por primera ocasión se podrán promover denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado cuando, al verificar la autenticidad de los datos, se identifique un crecimiento patrimonial desproporcionado.

Por primera ocasión el Poder Ejecutivo recibirá solo las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios a través de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, mientras que el Poder Legislativo las rendirá ante la Auditoría Superior del Estado, el Poder Judicial ante su contraloría interna, los organismos autónomos en sus áreas internas de control, y los 106 ayuntamientos ante sus contralorías.