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Mérida, Yuc.- La nueva ley que emitió el Gobierno del Estado hace unos días regula la instalación de cámaras para videovigilancia, y obliga, entre otras cosas, a que los fraccionamientos instalen un circuito de este tipo de equipos de seguridad.

Con esto, los desarrolladores inmobiliarios deberán presentar, para poder edificar, el comprobante de autorización emitido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del proyecto de instalación de cámaras en el desarrollo habitacional a construir.

Como informó en su oportunidad este rotativo, el Congreso del Estado aprobó el 12 del presente mes la creación de la Ley de Videovigilancia del Estado de Yucatán, la cual modifica las leyes de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán y del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Con dicha modificación, en Mérida, una de las ciudades con más fraccionamientos, las constructoras están obligadas a instalar cámaras para vigilancia en las calles y alrededores de la nueva unidad habitacional, y para ello deberán contar con un permiso del Gobierno estatal que avale el sistema de videocámara.

El acuerdo establece que “una parte importante del proyecto es que ahora los desarrollos inmobiliarios de tipo fraccionamiento deberán contar, como parte del equipamiento urbano, con cámaras de videovigilancia”.

Lo anterior fue publicado en el Diario Oficial, donde se explica que de ahora en adelante las empresas desarrolladoras de vivienda deben presentar a la autoridad municipal el sistema de videovigilancia, aprobado por la autoridad de seguridad pública competente, que considerará las cámaras, así como la infraestructura y los sistemas o equipos tecnológicos complementarios, necesarios para su instalación y funcionamiento.

Cabe señalar que dicha ley abre la posibilidad a la sociedad civil de solicitar a la autoridad municipal o estatal la instalación de cámaras en donde consideren sean necesarias para reforzar la seguridad y vigilancia de las calles.

Además de que en el caso de las videocámaras privadas, queda a decisión de los propietarios si facilitan o no el contenido de las grabaciones a las autoridades de seguridad, en caso de que sean requeridas por alguna cuestión de seguridad.