MÉRIDA, Yuc.- Patricio Patrón Laviada se dio el lujo de comprar en 2008, por más de 4.2 millones de pesos, una casa en el exclusivo fraccionamiento Monte Bello, que por cierto pertenecía a su esposa Silvia Cicero Cáceres de Patrón.

El ex gobernador de Yucatán renunció a su militancia como panista, dejó de pagar sus cuotas y ahora es un empresario de la industria de la construcción y del sector pesquero, y no obstante, recibirá una pensión del erario que solicitó.

Con una carrera política de al menos 16 años en cargos públicos municipales, estatales y federales, como alcalde de Mérida, gobernador de Yucatán, Procurador Federal de Protección al Ambiente, en 2012, al no renovar su militancia, dijo que regresaba a la actividad empresarial.

El año pasado, al cumplir los 60 años, no tuvo reparo en solicitar una pensión vitalicia, por la cual recibirá, a partir de este mes, 106 mil 228.50 pesos mensuales.

Patrón Laviada, sobre el cual pesan numerosas acusaciones de protección a sus hermanos para que expandieran sus negocios y se beneficiaran del erario municipal y estatal, solicitó su pensión el 19 de diciembre de 2017, dos días después de cumplir 60 años, ese derecho le fue autorizado en febrero pasado, dos meses después de que lo pidió, una vez que se publicó en el Diario Oficial local.

Es decir, su espera se redujo a 60 días, mientras que los afectados por el huracán “Isidore” se quedaron meses y años esperando la entrega del apoyo oficial que se les prometió.

Patrón Laviada fue gobernador de Yucatán en el período 2001-2007; el 9 de enero de 2002 ocurrió en la autopista Mérida-Cancún el asesinato del diputado priista Pánfilo Novelo Martín, que a la fecha no ha sido aclarado.

Irregularidades 

No es todo, ese mismo año, el 22 y 23 de septiembre, la entidad resultó devastada por el impacto del huracán “Isidore”, que dejó a miles de familias al aire al destruir parcial o totalmente sus viviendas.

A pesar de que tuvo el apoyo del Gobierno Federal de Vicente Fox Quezada, también panista, y se autorizó el ejercicio de millones de pesos a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), buena parte de esos recursos no se ejercieron de manera debida y miles de familias se quedaron sin recibir el apoyo, ya que “se duplicaron” (26 mil 504) y a otros simplemente no se les entregaron, como señaló durante varios años la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al revisar el caso.

La ASF incluso encontró detalles en el supuesto gasto de dos millones de pesos a favor de una Organización No Gubernamental (ONG) que debió entregar despensas a los damnificados, pero las fechas de recepción de los recursos diferían con los datos de entrega, además de que no presentaron la lista de las personas que los recibieron.

También encontró que recursos por más de 21.4 millones de pesos para el Programa de Empleo Temporal Emergente no se justificaron y detectaron comprobantes con fechas anteriores al desastre natural.

Al 31 de agosto de 2003, la administración de Patricio Patrón Laviada se programó entregar 40 mil 650 acciones, equivalentes al 48.7% del total autorizado por la Comisión Intersectorial de Gasto Financiamiento (CIGF), pero a esa misma fecha únicamente se habían realizado 19 mil 790 acciones.

Se le hicieron varios señalamientos por la forma en que se adjudicaron los contratos para la reconstrucción, le encontraron licitaciones en las que obviaron requisitos, no informaron a las empresas el porqué no resultaron seleccionadas, y tampoco se firmaron dentro de los plazos de los fallos 70 contratos por más de 144.5 millones de pesos.

Además, financiaron más de 22.4 millones de pesos a cuatro proveedores y se pagó a otros, aunque no se encontró evidencia de los reportes de entrega-recepción de los materiales a los beneficiados.