Israel Cárdenas/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- Los procesos jurídicos en contra de ayuntamientos por despedir sin prestaciones de ley a extrabajadores están tomando nuevos elementos para presionar a las autoridades a pagar las liquidaciones. 

El abogado en materia laboral, Lincoln Palma Rodríguez recurrió ayer a la figura del arresto domiciliario de 36 horas solicitando por escrito al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios que esta se aplique a la alcaldesa de Acanceh, Guadalupe Zapata González, ya que no ha llegado a un acuerdo con 9 extrabajadores despedidos en el año 2010 sin el pago de sus liquidaciones. 

El entrevistado dijo que tomó esa decisión luego de que hace unos días el Juzgado Quinto de Distrito publicó en sus estrados la no procedencia del amparo que promovió el exalcalde de Acanceh, Jorge Tolosa Pool, en contra del embargo por la cantidad de 2 millones de pesos que le aplicó el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado a consecuencia de los juicios por despidos injustificados.

En este contexto, dijo que ayer entregó un oficio al citado Tribunal en el que pidió que inicie el procedimiento para solicitarle al banco Bancomer que entregue los 2 millones de pesos a los extrabajadores, dado que ya no hay impedimento legal.

Agregó que dicha cantidad embargada no cubre el total de afectación ya que el monto global del laudo es de 6 millones de pesos, motivo por el cual entregó un segundo oficio al Tribunal de los Trabajadores para que proceda a decretar un arresto domiciliario de 36 horas en contra de la alcaldesa de Acanceh para que autorice el pago por 4 millones de pesos a nueve ex empleados y se concluyan los juicios laborales por el monto total de 6 millones de pesos.

Lincoln Palma dijo que esta solicitud es con base en los artículos 161 y 162 de la Ley de los trabajadores al servicio del Estado, y que la figura del arresto domiciliario se puede ejecutar aunque la autoridad municipal en cuestión tenga fuero.

“Este juicio lleva seis años en el que un grupo de nueve trabajadores que prestaban sus servicios en el sistema de agua potable de Acanceh fueron despedidos sin liquidaciones, los afectados denunciaron a la administración del ex alcalde Juan Pech Sonda en el año 2010, el terminó su periodo en 2012 y quien presuntamente incurrió en un frade pues solicitó un crédito para pagarle a estas personas pero nunca les entregó los recursos”.

Lincoln Palma agregó que la controversia jurídica continuó en el periodo del alcalde Jorge Tolosa Pool quien fungió en el periodo de 2012 a 2015 y quien en los últimos meses al frente del citado ayuntamiento se le embargó una cuenta por la cantidad de 2 millones de pesos por los que promovió una demanda de amparo para impedir que se entregara el dinero a los ex trabajadores despedidos sin liquidación.