Oscar Rodríguez/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- El crecimiento de la demanda de carbón ha intensificado su producción muchas veces de forma ilegal, por ello la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha intensificado sus acciones, dando por resultado el aseguramiento de 120 toneladas de este producto y la clausura definitiva de una carbonera, ubicada en el ejido de San Antonio, en Tekax, el año pasado.

Los municipios de Yaxcabá, Chocholá, Umán, Kopoma  y Tekax son los puntos críticos, porque según la dependencia federal es donde la explotación de carbón ocurre con mayor intensidad.

El encargado del despacho de la delegación de la Profepa en Yucatán, Luis Antonio Balam Tzeek, informó que en los últimos dos años los permisos han aumentado considerablemente, pues en 2008 apenas tenían conocimiento de dos carboneras.

“Una autorización representa un aprovechamiento del recurso forestal bajo ciertos criterios de sustentabilidad, en ese sentido, cualquier persona que vaya a realizar el aprovechamiento de recurso en un terreno forestal, requiere de esta autorización”, precisó.

Dijo que existen cuatro documentos que acreditan la legal procedencia del recurso maderable, los cuales son  la remisión, el reembarque, documento fiscal y pedimento aduanal, cuando se trata de una importación.

Explicó que ante  el incremento de la demanda del carbón en el centro y norte del país, tres trailers  cargados con este recurso salen de la entidad todos los días, para satisfacer los requerimientos de ese mercado.

Indicó que debido a esta situación, las comunidades de la región han comenzado a incrementar su producción, lo que ha generado un mercado interno difícil de verificar, el cual puede ser combatido mediante la inspección del carbón que es transportado hacia el centro de la República.

Abundó que la Profepa  busca que las unidades de aprovechamiento forestal, que fueron autorizadas por parte de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cumplan con su requerimiento de manera cabal, con la finalidad de evitar el “blanqueo” de carbón ilegal.

Actualmente la Profepa trabaja con seis inspectores en la entidad y realiza su labor de manera conjunta con la Policía Federal y con inspectores fitosanitarios.quienes recorren las zonas donde se ubican carboneras o atienden las denuncias.