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MÉRIDA, Yuc.- A pesar de la disposición de transparencia y austeridad en el gobierno de Rolando Zapata Bello, el secretario de Administración y Finanzas, Roberto Rodríguez Asaf, contrató de manera extraoficial a seis especialistas.

Al parecer, los asesores son de la empresa “Hermes Consultores S.A de C.V.”, quienes cobrarán cada mes 150 mil pesos para asesorar el ejercicio de los créditos del BID y todos los préstamos que adquiera el Gobierno del Estado.

Estas personas fueron contratadas directamente por Rodríguez Asaf, quien llegó al cargo el 1 de enero pasado, como parte de la reforma a la administración pública que contó con el aval del Congreso local. Previamente se desempeñó como Oficial Mayor del gobierno estatal.

Rodríguez Asaf asignó a estos asesores a la Unidad de Planeación y Gestión, que tiene entre sus funciones la evaluación técnica, el análisis y determinar la viabilidad de la obra pública que ejercerá el Gobierno del Estado en Yucatán.

Estos asesores, pese a que cobrarán un salario similar al del Gobernador, no figurarán en la nómina oficial. Se les pagará en una partida especial de los préstamos que recibirá Yucatán.

Las principales tareas a las que han sido designados los asesores son el seguimiento para ejercer el crédito que contrató el gobierno estatal al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el reciente empréstito por hasta 317 millones de pesos aprobado por el Congreso.

Cabe recordar que el BID autorizó a Yucatán una línea de crédito, a través de Banobras, por hasta dos mil 600 millones de pesos, de los cuales sólo se han aplicado unos 650 millones de pesos.

La incursión de Hermes en Yucatán no es nueva, y los resultados del trabajo han recibido críticas por incumplir los objetivos para los cuales ha sido contratada.

En la administración municipal 2010-2012, Hermes fue requerida para mejorar la captación del pago del predial en Mérida, cobrando por sus servicios un promedio de ocho millones de pesos.

El Ayuntamiento reportó entonces un déficit de captación de impuesto predial por 180 millones de pesos, por parte de empresas, escuelas y hasta partidos.

Sin embargo, el pago de este impuesto no fue superior al porcentaje que cada año obtiene el Municipio, y a pesar de que el contrato fue impugnado desde el principio por regidores del PAN, que criticaron que la única ganona fue la empresa por cobrar por un trabajo que no realizó, el contrato se aplicó durante todo 2011.