Francisco Puerto/SIPSE

Mérida, Yuc.- Cuando apenas acababa de salir de la cárcel después de ser beneficiado con una suspensión condicional de proceso por el delito de robo calificado cometido con violencia, el jardinero Edwin A. B. D. abordó un taxi y fue a robarle a la prestamista Ermila Vera Arangua, a la que degolló en su domicilio de la colonia Santa Rita, en la comisaría meridana de Cholul, en noviembre pasado.

Ayer fue presentado ante la juez de control Blanca Beatriz Bonilla González, que lo imputó por los delitos de homicidio calificado y robo calificado, que denunciaron los hijos de la ahora occisa.

La juez decretó contra este sujeto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso. Se programó para el 17 de enero la audiencia de vinculación, a las 11:30 horas.

La Fiscalía lo señaló como el autor material directo de estos delitos y presentó una cámara fotográfica que se le ocupó, propiedad de la ahora occisa, así como 22 fotografías en las que se le ve en el lugar de los hechos el día del homicidio.

También un dictamen donde se aprecia que sus huellas dactilares fueron encontradas en el celular de la mujer, el cual también robó.

Por si fuera poco, obra el testimonial del taxista que lo llevó al lugar del crimen que se perpetró el 17 de noviembre pasado en la calle 9 entre la 10 y 12 de la colonia Santa Rita en Cholul.

El taxista lo recogió a las puertas del Centro de Justicia Oral de Mérida y lo trasladó hasta las calles arriba señaladas; incluso este sujeto olvidó una mochila en su unidad.

El ruletero declaró que al día siguiente se enteró por los medios de comunicación de la muerte de una mujer de avanzada edad en la dirección donde había dejado a dicho sujeto.

Es por eso que acudió a la Fiscalía General del Estado para entregar el bulto, donde se encontraron unos papeles en los que se indicaba que Burgos Dzib acababa de recibir los beneficios del Nuevo Sistema de Justicia Penal y que estaba apenas saliendo de la cárcel.

Cabe mencionar que un familiar del individuo vive a media cuadra del lugar del crimen y es por eso que prestaba sus servicios en el sitio.

El monto de los objetos robados –cámara, celular y otros- fue de 8 mil 528.97 pesos, que se recuperaron.

Por tal motivo, el sujeto podría hacerse acreedor a una sanción corporal de 20 a 40 años de cárcel por el homicidio y de 9 máximo por el robo, que al sumarse ambos no le darían los beneficios sustitutivos y más porque gozaba de su libertad por diversos procesos.