Israel Cárdenas/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- Tras las determinaciones en materia de austeridad adoptadas por diversos niveles de gobierno, el Movimiento de Regeneración Nacional presentó este martes la iniciativa de Ley de austeridad del Estado de Yucatán que considera, entre otras cosas, limitar viajes de funcionarios estatales al interior del país y al extranjero incluida la prohibición de asientos de primera clase, así como un esquema de control salarial para altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos.

En asuntos generales de la sesión plenaria de ayer en el Congreso del Estado, el coordinador de los diputados de Morena, Miguel Candila Noh presentó la propuesta legislativa dijo que es indispensable para la reconstrucción de la institucionalidad de Yucatán incorporar la austeridad como principio rector de la administración pública y eje estratégico del gasto público, estableciéndola como principio de observancia obligatoria para todo servidor público y transversal a todo el gobierno.

“Las cifras del dispendio son exorbitantes, año con año se desvelan escándalos de derroche de recursos en bienes y servicios suntuosos como lo son seguro médico particular, automóviles nuevos, camionetas blindadas, choferes, guardaespaldas, viajes en helicóptero o aviones privados, y en muchos casos comidas y bebidas, que durante décadas se han considerado normales entre los políticos y gobernantes”.

En este sentido, Candila Noh dijo que la iniciativa de Ley de austeridad del estado de Yucatán considera reducción del gasto corriente respecto a los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos; asimismo la incorporación de todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la prohibición de establecer privilegios de jubilación, pensión, seguros privados de gastos médicos con cargo del erario.

De la misma forma planteó evitar el engrosamiento del aparato burocrático y desarrollar funciones del gobierno sin crear nuevas plazas; limitar el uso de vehículos propiedad del estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo a la población; establecer límite al número de viajes oficiales tanto al interior del país como al extranjero de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente.