Luis Fuente/ Milenio Novedades
MÉRIDA, Yucatán.- La defensa del acusado E. L. G. continúa con el desistimiento para contrainterrogar a los testigos ofrecidos por la Fiscalía General del Estado.

Ayer martes se trató de los dos empleados de una empresa de electrodomésticos, quienes declararon que dicho acusado compró equipos de aire acondicionados con una tarjeta de crédito de la víctima, el psiquiatra Felipe Triay Peniche quien habría sido asesinado el 16 de agosto del 2014. Sin embargo, los empleados se retractaron de sus declaraciones. 

El argumento de los abogados defensores fue que mientras se desarrolló el juicio se disiparon las dudas que tenían de las versiones que estos dos testigos de la Fiscalía habían dado en sus primeras comparecencias.

Desde el lunes pasado inició la comparecencia de testigos y peritos de la FGE quienes no fueron liberados -termino jurídico para llamar a quienes puedan ser llamados de nueva cuenta a declarar- por la defensa de los acusados E. L. G. y P. S. G.

Hasta ahora, los defensores se han desistido de ocho de los testigos que no fueron liberados en su momento.

El 24 de junio pasado comparecieron como testigos de la FGE, los empleados del establecimiento quienes manifestaron que el acusado E.L.G. se presentó ante ellos el 17 de agosto de 2014 compró dos equipos de aire acondicionado.

A preguntas de los fiscales, los empleados aseguraron que el pago se hizo por medio de tarjeta de crédito y que el comprador utilizó una cedula profesional a nombre de la víctima Felipe Triay Peniche.

Los dos empleados también aseveraron que cotejaron el rostro del comprador con el de la fotografía de la identificación, al igual que la firma y vieron que coincidía.

Entonces, los fiscales pusieron a la vista del Tribunal la copia del vaucher firmado y de la cedula profesional usada en esa transacción.

La defensa hizo una comparación de esos documentos y los testigos admitieron que la fotografía que aparece en la cedula profesional no se parece al acusado E. L.G. y tampoco las firmas que están en el voucher y en el documento mencionado.

La defensa argumentó que los dos testigos incurrieron en el delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial.