Mucha confusión ha desatado entre el magisterio la iniciativa de reforma a la ley del Isstey que el ex secretario general de la sección 57 y actual diputado por el Panal, Marbellino Burgos Narváez, presentara al pleno del Congreso local con la intención de abatir la morosidad por el pago de aportaciones, poniéndole de ese modo sello al Gobierno del Estado y al resto de las entidades públicas sujetos de esta ley.

Inicialmente propone que en el caso de las entidades públicas (patrones) no podrán acumular retrasos en el pago de sus aportaciones al Isstey que excedan en tres veces el monto del pago mensual total promedio del año anterior. Pese a que en la ley se fijan dichas aportaciones como obligatorias (12.75 por ciento), en las últimas administraciones estatales dicha obligatoriedad se volvió letra muerta con la consecuente afectación a los fondos del Instituto de Seguridad Social.

La segunda, incrementar el tope de 8 a 10 salarios mínimos diarios para las jubilaciones del Isstey, fue la que generó falsas expectativas entre los trabajadores, ya que la difundieron en las redes sociales como un logro del diputado cuando sólo fue una iniciativa para su posible aprobación por parte del Congreso.

Aunque el fin es que el instituto tenga certeza financiera para su correcto funcionamiento y que los derechohabientes tengan acceso a mejores prestaciones, en la realidad los derechohabientes van en sentido contrario: hoy les niegan los préstamos a corto plazo y el préstamo especial con garantía colateral y en su lugar les ofrecen el préstamo “Plus” con intereses mayores que los dos primeros y que no aparece en la ley del Instituto; esto es algo que el diputado no tomó en cuenta en su iniciativa; parece que igualmente se le olvidó que como congresista votó hace unos meses para aprobar que se calcule el monto de la jubilación de acuerdo con un promedio de los últimos años de aportaciones, monto menor de lo que se otorgaba como pensión al trabajador.

Lo que más llama la atención es que durante los cuatro años de su gestión como secretario general de la sección 57 no encabezó una propuesta formal de este tipo. Buscar los reflectores en tiempos electorales es algo que los trabajadores rechazan y condenan, sobre todo cuando se les hace creer un beneficio que al final será una utopía más de proselitismo político y no la intención de atender las necesidades del trabajador.