15 de Noviembre de 2018

Yucatán

Fiscalía de Yucatán, 'ejemplo' en derechos humanos

CNDH avala a la FGE como la primera institución de procuración de justicia en el país en certificar a sus servidores públicos en la materia.

La CNDH certificó ayer a 800 funcionarios de la FGE en materia de derechos humanos.  (Juan Albornoz/SIPSE)
La CNDH certificó ayer a 800 funcionarios de la FGE en materia de derechos humanos. (Juan Albornoz/SIPSE)
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Luis Fuente/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- Como resultado de la firma del convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en abril de 2013 y después de 97 mil 166 horas de capacitación divididas en 18 cursos, la FGE se convirtió en la primera institución de procuración de justicia a nivel nacional en certificar a sus servidores públicos en esta materia.

La CNDH certificó a 800 funcionarios de la Fiscalía General del Estado que la convierten en la primera en su tipo en el país en alcanzar este reconocimiento, tras la especialización de todos sus elementos operativos en 16 diferentes rubros.

Entre el personal adscrito que ayer fue certificado figuran agentes del Ministerio Público, Policía Ministerial, Servicios Periciales, personal administrativo y administrativo de la Fiscalía General que desde abril del año pasado iniciaron su capacitación, tras la firma de convenio con el citado organismo.

En el evento protocolario realizado en la explanada de la FGE, en el complejo de seguridad, el titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, señaló que el respeto a los derechos humanos de los detenidos es la garantía de que todo se hará conforme a la ley.

Entre las acciones realizadas de la FGE en materia de derechos humanos sobresalen la unidad de peritos intérpretes y traductores

Agregó que con las recientes reformas en materia de derechos humanos, los mexicanos están comprometidos a hacerlos respetar, pero más los servidores públicos, ya que de no hacerlo ponen en riesgo una averiguación y dejan mal a la institución.

El gobernador Rolando Zapata Bello y la fiscal General del Estado, Celia Rivas Rodríguez, atestiguaron la entrega de constancias otorgadas por el ombudsman nacional a los servidores públicos de la FGE, quien resaltó que Yucatán es punta de lanza en torno al respeto de los derechos fundamentales.

Por su parte, la fiscal Celia Rivas destacó el compromiso y el espíritu de cambio de todos los que integran la dependencia.

Aseguró que conocer y respetar los derechos humanos permitirá sancionar a quien cometa un delito, sin vulnerar sus garantías. “De eso se tratan los derechos humanos, de respetar las garantías fundamentales a cada persona y no de proteger a quien incurre en un delito”, enfatizó.

La Fiscal hizo un recuento de las acciones de la FGE en materia de derechos humanos, en las que sobresalen la unidad de peritos intérpretes y traductores, primera en el país en una institución de procuración de justicia; se ha apoyado a más de dos mil 462 ciudadanos con traducciones, sobre todo en lengua maya, pero también en idiomas como el inglés, francés, japonés, italiano chino y en lenguaje signado.

Las unidades de orientación ciudadana implementadas en esta administración, continuó, atendieron a casi 45 mil ciudadanos que acuden a la FGE a realizar diversos trámites.

El programa Fiscalía Transparente, en el que a través de pantallas de la institución se informa sobre las personas puestas a disposición del Ministerio Público y las órdenes de aprehensión ejecutadas, ha dado certeza y seguridad a la ciudadanía.

También es importante significar que por hechos sucedidos en la presente administración no se ha emitido recomendación, pero con responsabilidad se ha dado cumplimiento a tres recomendaciones por violaciones a derechos humanos registrados en años anteriores a esta administración. 

Manifestó que se inició la construcción del Centro de Justicia para Mujeres y se dio paso a las medidas de protección emergente para las féminas víctimas de violencia familiar. “Del 20 de noviembre a la fecha hemos emitido 59 medidas en beneficio de quienes sufren violencia”.

Señaló que los amparos promovidos contra esta institución por incomunicación derivados de personas detenidas por la policía ministerial se redujeron en casi un 40 por ciento en el último año, y no procedieron.

Cursos sobre derechos

A la par de la certificación recibida en materia de derechos humanos, la Fiscalía General del Estado profesionalizó al personal operativo de la institución en el marco jurídico nacional e internacional sobre el uso de la fuerza y armas por parte de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley.

La fiscal Celia Rivas Rodríguez señaló que esto forma parte del impulso a los derechos fundamentales, y busca garantizar un trato digno y humanitario a quienes acuden a realizar algún trámite a la institución, y a la gente que está a disposición del Ministerio Público y que es requerida por un juez para trámites legales.

A la par del convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), elementos de la Fiscalía General del Estado recibieron una serie de cursos, entre los que figuran “Maltrato infantil como una violación a los derechos humanos de las niñas y niños”, en el que participaron 39 agentes del Ministerio Público; “Maltrato infantil y conductas sexuales”, impartido a 29 agentes; “Las niñas, niños y adolescentes tienen derechos, conócelos”, en el cual participaron 37 agentes; “Violencia y alienación parental”, que fue tomado por 34 agentes; “Mediación familiar”, en que participaron 37, y “Sexualidad infantil”, al que enviaron a dos representantes ministeriales.

También la “Investigación científica de la tortura”, en el que participaron 30 agentes; el diplomado “Formación de formadores intérpretes (tercera etapa)”, al que fueron enviados dos agentes, e “Interpretación y la norma técnica de competencia laboral en el ámbito de procuración y administración de justicia”, con 18 asistentes.

Asimismo, “Derecho de personas con discapacidad e inclusión social”, al que asistieron cuatro agentes; ”Los derechos humanos a 65 años de la declaración universal y 20 años de la conferencia de Viena”, en el que participaron 10 ministerios públicos y la “Certificación en materia de Derechos humanos”, que fue aplicada a 563.

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