Jaime Tetzpa/Milenio
MÉRIDA, Yucatán.- Como parte de la entrada en vigor de la nueva ley contra el lavado de dinero, a partir del próximo día 17, los notarios públicos de la entidad deberán reportar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cualquier actividad relacionada a la compra-venta de propiedades cuyo precio rebase los 500 mil pesos y de los automóviles de más de 400 mil pesos, cuando se trate de operaciones con dinero en efectivo.

La responsabilidad de los notarios públicos en el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como “ley contra el lavado de dinero”, será casi total, por ser quienes dan fe de las actividades que se realizan en la compra-venta de propiedades y bienes inmuebles, principalmente, ya que es una de las formas de realizar dicho ilícito. 

El presidente del Colegio de Notarios de Yucatán, Jorge H. Aguilar y Aguilar, consideró que los fedatarios deberán ejercer sus funciones con lealtad y con estricto apego a la ley para evitar que los involucren en actividades ilícitas.

Entrevistado en su despacho, recordó algunos casos que han ocurrido en el Estado, en donde personas foráneas han adquirido terrenos o bienes inmuebles con dinero que resultó ser de dudosa procedencia, y que en su momento no fue investigado. 

Consideró que los lineamientos de la ley en cuestión están orientados a fortalecer el derecho y la seguridad de quienes realizan alguna operación comercial y que la responsabilidad de los notarios públicos será casi del cien por ciento. 

Mencionó que para los fedatarios será una labor burocrática y de gran responsabilidad, pero que no representa problema si se siguen las recomendaciones, ya que ante todo deben avalar la honestidad y honorabilidad de sus clientes. 

Respecto a cuánto dinero “lava” la mafia en México al año existen diferentes cálculos, ya que algunos estudiosos del tema señalan que van de 10 mil a 40 mil millones de dólares, por lo que la nueva ley otorga facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para vigilar la entrada de moneda nacional y extranjera al sistema bancario.

Cabe señalar que algunas instituciones bancarias se anticiparon a la legislación, y hoy en día, cualquier transferencia al extranjero mayor a diez mil dólares amerita reporte y autorización previa. 

Sin temor

Con la entrada en vigor de la ley contra el lavado de dinero, los ciudadanos no deben sentir temor al hacer operaciones comerciales y pagar en efectivo.

“No hay por qué pensar que esta ley viene a inhibir estas acciones comerciales; por el contrario, protege a quienes las realizan. Al que vende un producto o servicio, porque quien paga puede avalar la procedencia lícita de su dinero”, advierten especialistas. 

El Colegio de Abogados de Yucatán indica que hay negocios en donde se realizan operaciones de fuertes montos económicos, como en la compra-venta de casas o automóviles.

“Si vende carros de lujo, obviamente son caros, pero al hacerlo, la agencia deberá expedir una factura, y por su parte, el comprador emitirá un cheque de alguna institución bancaria para depósito a una cuenta. Las instituciones bancarias deberán notificar a las autoridades hacendarias y si el dinero tiene procedencia lícita no habrá problema”.

No se inquietan las sociedades financieras

Por otro lado, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), cuyas actividades son consideradas vulnerables por el manejo de dinero, aseguran que la entrada en vigor de la ley contra el lavado de dinero, a partir del día 17, no les preocupa, porque desde diciembre de 2011 están obligadas a reportar a la SHCP todas sus operaciones.

Las Sofomes son empresas que se dedican a ofrecer financiamiento en diferentes rubros: préstamos de nómina, hipotecarios, prendarios, para autos y para muchos giros comerciales, facilitando créditos a las empresas que no pueden acceder a los créditos bancarios.

Señaló que muchas Sofomes están ubicadas en el interior del Estado, en donde no hay sucursales bancarias, y de esa manera apoyan a los clientes que no pueden acceder a los créditos bancarios.El presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México A.C. (Asofom) en el sureste, Henry Boyancé Rivero, explica que la función de las Sofomes consiste en “cubrir las grietas que dejan las bancos, o dicho de otra forma, complementar la labor de la banca comercial”. 

Cuestionado sobre cómo se verán afectados con la entrada en vigor de la ley contra el lavado de dinero, consideró importante aclarar que esta disposición entrará en vigor para los notarios públicos, pero en el caso de las Sofomes, cumplen la normatividad desde hace dos años. 

“A las entidades financieras denominadas Sofomes, que están dentro de la ley General de Sociedades de Crédito, se les exige identificar las operaciones de cualquier empresa del sector financiero cuando sean mayores a los 10 mil dólares, en un periodo de un mes, así como identificar las operaciones inusuales de sus clientes; por otra parte, deben validar el comportamiento honorable de las personas con las que trabajan”, indicó. 

Agregó que todas las Sofomes deben tener manuales que le indiquen a su personal cómo detectar el posible “lavado de dinero”, ya que están obligados a realizar un examen, cuando menos dos veces al año, a todos sus empleados, para que conozcan la reglas y eviten autorizar negocios que pudieran provocarles serios problemas.

Las Sofomes deben hacer un reporte denominado “Conoce a tu cliente”, no sólo por el riesgo de crédito, sino para evitar acciones ilícitas. “Deben saber a qué se dedican su clientes y vigilar que sus operaciones concuerden con sus estados financieros”.

Aclaró que no es malo pagar en efectivo los créditos que adeuden, “porque las disposiciones de la Asofom no están en contra del manejo en efectivo, sino de que quieran hacer operaciones con dinero ilícito dentro de nuestro sistema, esto es lo que tenemos que cuidar”.

La responsabilidad de las Sofomes es identificar las operaciones de dudoso origen e informarlas a la autoridad, la cual, a través de un sistema, hace su propia validación y decidirá si una operación es sospechosa. 

Agregó que al abrir una cuenta a un cliente, se aplica un cuestionario que se denomina transaccionalidad, en donde se establece el mecanismo para el pago del crédito y eso les  permite establecer parámetros, pero cuando se rompe la regla se encienden los sistemas de alerta de cada institución. 

El origen del dinero

• Henry Boyancé Rivero explicó que cuando una operación financiera rebasa los 10 mil dólares es necesario saber de dónde procede el dinero.
• “Si usted debe un crédito de 300 mil pesos y paga al mes una cantidad, pero de momento llega a liquidar en efectivo, tenemos que saber cómo obtuvo ese dinero”.

Rastrearán compras inusuales en Yucatán

Si una persona realiza una operación comercial que rebase los 130 mil pesos y paga en efectivo –si no tiene bien sustentado el origen del dinero- puede ser sujeta a una investigación para determinar si se trata de “lavado de dinero”. 

El presidente del Colegio de Abogados de Yucatán, José Ignacio Puerto Gutiérrez, explicó que La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita pretende que los parámetros de gasto correspondan a los ingresos del ciudadano. 

Los notarios de no hacer su trabajo apegado a la ley pueden verse involucrados en ilícitos

Aclaró que lejos de inhibir o reducir las transacciones de cualquier tipo: compra y venta de casas, terrenos, condominios, coches, bienes de consumo en general, la disposición pretende que haya transparencia en la negociación entre dos personas, empresas o instituciones.

“Por ejemplo, si una persona vende su casa puede recibir una fuerte cantidad y podría comprobar el origen de ese dinero al demostrar que vendió su propiedad, serán los documentos los que avalan esa operación”, mencionó.

Detalló que al momento en el cual el vendedor reporta la venta a su contador se evita problemas, además de que ese dinero ya puede ser ingresado a un banco, con los documentos que avalen dicha operación. 

Puerto Gutiérrez enfatizó que esta ley obligará tanto a los particulares como a las instituciones bancarias y financieras a reportar las operaciones que realicen y soportarlas debidamente con los documentos respectivos. 

“Si una persona tiene un sueldo de seis mil pesos mensuales y adquiere un carro de lujo de 400 mil pesos, y lo paga en efectivo -como se trata de un hecho inusual-, podría ser motivo de alguna investigación por parte de las autoridades.

Ya que de manera lógica, su salario no le permitiría comprarse un carro así, pues matemáticamente tendría que trabajar durante cinco años sin gastar un centavo de su salario”, abundó.

Por transparencia

• Las operaciones comerciales deben realizarse a través de las instituciones bancarias para avalar la transparencia y el origen del dinero, así evitará problemas con las autoridades.