Agencias
MÉRIDA, Yuc.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) exhortó al personal docente y directivo de las escuelas públicas del estado a no condicionar el acceso a la educación básica a cambio del cobro de cuotas de colaboración.

Según publica Notimex, el presidente del organismo, Jorge Victoria Maldonado, indicó que este llamado se da en el marco del inicio del periodo de preinscripciones, a fin de evitar que el cobro de las cuotas de colaboración de padres de familia se convierta en una condicionante para el acceso a la escuela.

"Es importante remarcar que el cobro de cuotas establecidas por las organizaciones de padres de familia no deberá coincidir con el periodo de preinscripciones, ni ser cobradas por personal docente o administrativo de la escuela", precisó.

A su vez, subrayó que "las aportaciones que los tutores hacen a las escuelas públicas, son netamente voluntarias y de acuerdo con las posibilidades económicas de cada familia; pero nunca son un requisito para el acceso a la educación".

"En este periodo de preinscripciones vale la pena recordar que la educación gratuita es un derecho fundamental que debe ser garantizado y salvaguardado", expuso el ombudsman yucateco.

Señaló que la Secretaría de Educación "ha mostrado sensibilidad con el tema, pero es importante reafirmar esta disposición en todos y cada uno de los centros educativos de nivel básico".

A su vez, recordó que como parte de las acciones para prevenir estas violaciones a los derechos humanos, la Codhey ha implementado de manera permanente cursos, talleres, ediciones de libros sobre derechos humanos básicos del niño, entre otras acciones dirigidas al personal del sistema educativo.

En mayo de 2009, la Codhey emitió una recomendación general a la Secretaría de Educación Pública del gobierno del estado de Yucatán por el cúmulo de gestiones del cobro de cuotas de colaboración a padres de familia, la cual fue aceptada por la citada autoridad.

Dicha recomendación general sigue vigente, por lo que su cumplimiento es una prioridad para garantizar que a las niñas y los niños de la entidad se les haga valer un derecho fundamental e indispensable para su desarrollo, como es la educación.