Israel Cárdenas/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc- La comisión permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado ratificó ayer a tres de los cuatro integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey), para un nuevo periodo de tres años.

Los consejeros ratificados para un nuevo periodo son María del Carmen Jure Cejín, Marcía Noemí Lara Ruiz y María del Pilar Larrea Peón. 

El consejero José Inés Loría Palma no fue ratificado toda vez de que se inscribió al proceso por la presidencia de la Codhey, de la que en próxima sesión se pronunciará la comisión permanente de Derechos Humanos.

En este sentido, los seis candidatos a la presidencia de la Codhey son José Enrique GoffAilluod; Elsy de Atocha Ripoll Gómez; Miguel Castillo Martínez; José Inés Loría Palma; Juan Gabriel Ucán López y Valentín Antonio Rivas Miranda.

La semana pasada la comisión permanente de Derechos Humanos del Congreso local realizó las comparecencias de todos los candidatos a integrar la Codhey, tanto para la presidencia como para ser consejero consultivo.

Respecto de los tres consejeros ratificados, la semana pasada María del Carmen Jure dijo ante los diputados locales que desde abril de 2012 es parte del Consejo Consultivo en el que ha participado en la realización de la encuesta sobre discriminación, asimismo el impulso a una iniciativa que se presentaría al Congreso local para legislar en materia de derechos de las mujeres embarazadas.

Expuso también la necesidad de crear el consejo estatal de protección a los adultos mayores, considerado en la reciente ley aprobada en la materia.

Dijo que se requiere de mayor presupuesto para que la Codhey pueda implementar más actividades de impacto en otros sectores de la población.  

En los próximos días la comisión legislativa de derechos humanos dictaminará respecto del nombramiento del nuevo titular de la Codhey, decisión que tomará con base en la comparecencia que sostuvieron ante los legisladores.

Entre las propuestas que los candidatos expusieron figuran desde el trabajo coordinado con las organizaciones de la sociedad civil, hasta la creación de la materia de derechos humanos en la educación básica y el impulso a los programas de estudios universitarios para que esta área se constituya en una licenciatura.