Patricia Itzá
MÉRIDA, Yuc.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey), como cada año, realiza la vigilancia de las cárceles municipales con el objetivo de que sean lugares “adecuados” para resguardar a las personas que cometen algún delito y no por ello incurrir en maltratos.

En 2017 sólo cinco cumplieron con mejoras, y en total 10 prisiones de los 106 municipios son considerados sitios adecuados para el encierro de una persona.

Las deficiencias están en su infraestructura, en donde no cuentan con los espacios suficientes, poco ventilados y con falta de higiene; además, no tienen un sistema de registro de ingresos y egresos de detenidos, así como de comunicación con sus familiares o al momento de presentar los motivos de su detención.

De igual manera, gran parte de los elementos de las corporaciones policiacas municipales que son los encargados de imponer las sanciones no respetan los tiempos de encierro de cada individuo, esto en base al delito que cometió.

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“El principal problema de los municipios es que no existe la permanencia prolongada del personal, no hay una carrera profesional entre los cuerpos policiacos, por lo que eso también dificulta su capacitación debido que, al facultarlos su movilidad, hace que tengamos que empezar al poco tiempo otra vez el proceso; ello es una de las situaciones por las que hay que abogar para mejorar las condiciones”, señaló el secretario ejecutivo de la Codhey, Miguel Sabido Santana.