Como pocas veces se ha visto, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González, acusó al presidente Enrique Peña Nieto de permitir que el “dolor y la impunidad” persistan, e incluso haya más violaciones a los derechos humanos durante su mandato.

Y no es asunto menor cuando la inseguridad campea en muchas regiones del país y la revictimización de terceros afectados es cotidiana. Un ejemplo lo dio esta semana el asesor legal de la Semar, Juan Velásquez, al afirmar que los deudos de una familia muerta en fuego cruzado entre marinos y delincuentes, en Reynosa, pretendían “lucrar” al culpar a la Marina de sus muertes. “Es una especie de negocio ser víctima de las autoridades”, dijo el abogado en una declaración que no sólo lastima a la sociedad sino también a la naval.

Fue el miércoles, en Los Pinos, en la presentación del Informe de Actividades 2017 de la CNDH, que el defensor del pueblo dijo a Peña que el dolor y sufrimiento por desapariciones, homicidios y violencia “no se puede cuantificar o reparar; son saldos de dolor e impunidad que no han disminuido durante su periodo”.

Ante el mandatario, quien admitió que “falta mucho por hacer” en el tema, el ombudsman hizo una cruda radiografía del “grave” estado de los derechos humanos en México: el avance “no es favorable” y no se registran “cambios significativos”, la sociedad sigue viviendo con miedo a los binomios inseguridad-violencia, impunidad-corrupción y desigualdad-pobreza, generando “desesperanza, distanciamiento de las instituciones y “desconfianza” en las autoridades.

Esa desconfianza se refleja en los 25,339 asesinatos cometidos en 2017, el año con más muertes por esta causa en dos décadas; en este sexenio se han documentado 274 casos de tortura, 89 desapariciones forzadas, 5,086 detenciones arbitrarias y 11 ejecuciones extrajudiciales, y además creció la violencia contra las mujeres y periodistas, con muchos casos en total impunidad. En cuanto a recomendaciones emitidas por la CNDH, lideran las presentadas contra la Comisión Nacional de Seguridad y la PGR, que el año pasado se incrementaron 117 por ciento con respecto a 2016, y no fueron atendidas cabalmente.

La rúbrica del ombudsman es lapidaria para este Gobierno: “México tiene una enorme deuda con las víctimas”.