Diez años después de que surgiera la idea y a un año y ocho meses de que el presidente presentara el proyecto, ayer la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado para su eventual aprobación el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, que en esencia establece que, a solicitud del gobierno o los congresos estatales, el Ejecutivo federal podrá emitir la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior para el envío de las fuerzas armadas a zonas donde haya un conflicto de seguridad que rebase las capacidades de las fuerzas policiales para reducir o contener la amenaza de que se trate.

Es decir, la participación de los militares se realizará tal como se viene haciendo, aunque ahora la Declaratoria fijará la vigencia de su intervención, que no podrá exceder de un año, límite que tendrán el Ejército y la Armada para pacificar las regiones donde se les requiera.

Lo interesante ahora es que se faculta a los mandos militares a hacer “uso de cualquier método lícito de recolección de información”, aunque se matiza que las tareas de seguridad de las fuerzas armadas serán “en el marco del respeto a los derechos humanos”.

Y para atemperar a los activistas y ombudsman, que cuestionan la “militarización” de las tareas de seguridad pública, la ley en ciernes establece en su artículo 8 que “las movilizaciones de protesta social (…) bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”.

Legisladores opositores a la norma regulatoria consideran que ésta no garantizará la recuperación de la seguridad en el país, sino que perpetuará la presencia del Ejército en las tareas de combate a la inseguridad, porque no existirá una ley que obligue a los gobiernos estatales y municipales a contar con corporaciones policiacas sólidas, eficaces y confiables. Entre soldados y marinos también hay una polarización en el tema, pues ya son once años combatiendo en la calle a la delincuencia organizada y expuestos a señalamientos de los defensores de Derechos Humanos.

Como hemos señalado, cada vez se ve más lejos el regreso de los militares a sus cuarteles, ante la escalada de violencia en el país, y eso de contar con cuerpos de seguridad confiables también se ve lejos porque muchos han reprobados los exámenes y la mayoría recibe sueldos raquíticos. El mando único parece ser un factor de peso, pero quizá no funcionaría en todas las entidades.

Lo dicho, la seguridad es una tarea incumplida que heredará Enrique Peña Nieto a su sucesor.