En menos de una semana he podido constatar tres casos de cómo la delincuencia organizada que opera en Quintana Roo afecta de manera directa a pequeños empresarios yucatecos que decidieron invertir en el vecino Estado. Hoy hablaremos de tres casos: dos hombres y una mujer.

El primero es un empresario de origen sirio libanés de la tercera edad, quien invirtió hace más de 30 años en una de las zonas céntricas de Cancún en un edificio con treinta departamentos muy cerca del Mercado 28. Ya le habían exigido que pagase más de 30 mil pesos al mes, pero caso omiso, hasta que un día se le apersonó una mujer con tres sujetos. Aquélla pagó en efectivo la renta de toda la parte alta del edificio; al día siguiente llegó con cuatro hombres fuertemente armados, le informó al empresario que dejaba de ser dueño de su edificio y le dio a firmar una cesión de derechos a doña Leticia. El empresario se negó a firmar y le propinaron una golpiza que lo dejó inconsciente, lo regresaron a base de bofetadas a la realidad y firmó cuando le pusieron en la cabeza un arma de grueso calibre. El edificio fue modificado poniéndole un portón como fortaleza, sacaron a los demás inquilinos y hasta ahora en los libros oficiales no han cambiado de propietario; el yucateco llamó a la policía y nunca obtuvo respuesta.

Otro caso es de Tulum, donde una dirigente de una asociación de mujeres empresarias en Yucatán decidió invertir en el ramo turístico y adquirió un hotel de más de veinte cuartos. A esta empresaria trataron de secuestrarla, pero escapó. Le advirtieron de que no sólo le quemarían su hotel, sino que la matarían y que no la querían ver en Tulum. Tuvo que rematar su negocio.

El tercer yucateco, un micro empresario avecindado en Cancún desde hace más de veinte años y que tenía un taller de instalación de vidrios y aluminios, un día unos sujetos armados le fijan una cuota y él se niega aduciendo que apenas sale para una pequeña utilidad. Los pistoleros le propinan una paliza que lo obliga a regresar a Mérida.

Es necesario que en la contienda electoral esté en la agenda de los candidatos el tema de seguridad y justicia, para que los delincuentes, sobre todo los organizados, no vean en ésta una gran aliada. La justicia tiene que hacerse valer y ver que la ley sea garante y que los códigos normen la conducta social de los ciudadanos, ya que el crimen organizado en combinación con autoridades destruye el tejido social y acaba con pequeños y medianos empresarios y fuentes de empleo.