Contundente fue el dictamen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al reconocer el inminente fracaso de la reforma educativa de 2013, ya que México continúa presentando rezagos muy significativos en materia educativa, lo que sin duda demuestra que no son los maestros los culpables de esta situación, pues, en un alto porcentaje, aprueban satisfactoriamente la evaluación que se les impone a pesar de afectar sus derechos y otras conquistas laborales; además, luego de más de cinco años de su expedición, no se observó ningún resultado que haya contribuido a elevar la calidad de la enseñanza en el país, sino todo lo contrario.

Este reconocimiento fue la puntilla que dejó ya muerta la reforma educativa de Peña Nieto.
Por su parte, la aplanadora legislativa de Morena en la Cámara de Diputados dio los primeros pasos para derogar la citada reforma cuando, en días pasados, la Comisión de Educación aprobó con 18 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, el dictamen que deroga diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a fin de eliminar cualquier viso punitivo para obligar a las y los docentes a realizar los procesos de evaluación que contempla este ordenamiento.

Con esta acción se da respuesta puntual a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y al compromiso de campaña del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para derogar dicha ley y restablecer en sus puestos a aquellos maestros que fueron separados del servicio por negarse a ser evaluados.

La presidenta de la Comisión, Adela Piña Bernal (Morena), señaló que únicamente se busca quitar a la ley el aspecto punitivo: “No estamos haciendo una abrogación completa, porque el tema será del próximo gobierno, el dictamen es únicamente para quitar lo punible”.

Cabe recordar que, desde la Legislatura pasada, existen propuestas para la abrogación completa y plena, pero el PRI y sus aliados las congelaron.

De la misma manera señala que con este dictamen no se eliminan los procesos de evaluación, pero sí cualquier viso de punibilidad.

Según datos de la Auditoría Superior de la Federación, se detectó que solo se capacitó a menos del 5 por ciento de los maestros de educación básica y al 13.5 por ciento de los de media superior, el fracaso era inminente.

Ahora toca al próximo presidente proponer lo que él llama una reforma integral.