El precio del cemento aumentó en este mes 8 por ciento y ya había subido 11% en enero para quedar por tonelada en dos mil 872 pesos o 157 dólares (a 18.2 pesos por dólar); la razón, dicen, es que la inflación de los últimos 10 años ha sido mayor que los aumentos en el precio de ese material y por eso lo actualizan. Lo que no dicen es que en Estados Unidos el precio es de 70 dólares en promedio y que en Belice y Guatemala es más barato que en México.

Definitivamente el libre comercio es un privilegio que no pueden alcanzar los pequeños comerciantes, ya que si quieren importar de Belice, Cuba o EU no pueden; los permisos especializados tienen normas complejísimas que cumplir y que sólo las grandes empresas pueden lograr. Lo irónico de esto es que el cemento disponible en Belice, que es 40% más barato, es de Cementos Maya, marca de Cemex.

No es primera vez que vemos esto en la frontera: llantas, alimentos y otros productos mexicanos son más accesibles en Guatemala y Belice que en México. El cemento en el país es más caro que en Inglaterra y Francia, cuyos costos de distribución son mucho más elevados que en este país.

El cemento en México tiene su nota triste: en 2004 una empresa mexicana intentó importar cemento ruso en el barco Mary Nour y no lo pudo hacer porque Cemex la boicoteó. La comisión antimonopolios multó a Cemex con 10.1 millones de pesos, pero el cemento importado se endureció y quedó en la historia económica como señal del poder de las empresas dominantes para proteger sus mercados. Aquella misma empresa logró importar, nueve años después, cemento de Cuba tocando Yucatán y bajaron los precios un 20%.

Es claro que no se puede alegar un monopolio, más bien es un oligopolio. En un mercado abierto, si los comerciantes no tienen acceso a importar productos baratos del extranjero porque el gobierno no les da permisos, se trata de un mercado cautivo cuyos excesos esquilman el ingreso familiar y hacen costosa la economía artificialmente. Son grotescas las diferencias de precio sabiendo que México posee fábricas. Deducir que el gobierno favorece este oligopolio es válido y reafirma que los beneficios del libre comercio son para unos cuantos y los sobreprecios los pagamos con dolor y en silencio, como gasolina, luz, etc.