21 de Septiembre de 2018

Opinión

El nuevo auditor del pueblo

Se espera que quien ocupe el cargo no tenga el pecado de origen de ser parte de un grupo ligado al poder.

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En artículos pasados escribí sobre la poca importancia tanto política como mediática que tiene la figura auditor del Gobierno del Estado, pero eso no le resta importancia a su responsabilidad. El auditor es un puesto designado por el Congreso mediante convocatoria pública y que tiene las funciones de auditar las cuentas de los poderes del Estado, de los municipios, instituciones descentralizadas y de los fideicomisos y fondos federales, mediante acuerdo con la Federación, entre otras.

Pero ¿dónde estaban los auditores en todos los desfalcos de los gobernadores?, ¿por qué no han tenido denuncias penales por no haber descubierto todos los desfalcos a tiempo o peor por aprobar las cuentas públicas?

La respuesta es que las fiscalías de los estados dependen de los Ejecutivos, por lo que cuando los auditores descubren algo, si es que se atreven a denunciarlo, los expedientes se paran en las fiscalías y nunca llegan bien o no llegan a los juzgados; los auditores se convierten en juez y parte. Hace unos días al auditor de la Federación se le acusaba de no detectar desfalcos de los fondos federales a tiempo; él respondió que tiene más de 400 denuncias en las fiscalías estatales que no proceden.

La solución es que los auditores tengan una fiscalía autónoma para delitos de administración pública y así no ser juez y parte en faltas que impliquen al propio aparato de gobierno estatal.

Pero el origen de la designación también importa; la sociedad debe postular auditores autónomos, con la capacidad técnica contable para auditar, pero tampoco deben tener origen partidista o provenir del gobierno porque existen conflictos de interés en los cuales el futuro del profesional no debe estar ligado a la carrera pública porque comprometerían sus criterios de aplicación de justicia.

Yucatán está en el proceso de designar a un auditor del estado y se espera que no tenga el pecado de origen de ser parte de un grupo ligado a la administración pública. Como mencioné, aun teniendo un auditor responsable y efectivo, la fiscalía de delitos de administración pública no debe tener nexos con los gobiernos de los estados porque jamás los responsables de la administración se van a disparar a los pies.
Las denuncias ventiladas todos los días contra los gobernadores deben estar acompañadas con el nombre de quien de origen tiene la responsabilidad de detectar desfalcos y, si se detectan, de los de fiscales que por sometimiento o complicidad nunca actuaron en pro de la administración de los dineros del pueblo.n

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