Es frecuente escuchar por todos los medios de la importancia del desarrollo sostenible, erróneamente denominado sustentable, pero sin resaltar que esta visión del desarrollo corresponde a la definición de la viabilidad del contenido de acciones que permitan asegurar el acceso permanente a los recursos naturales y sus servicios, siendo uno de los temas principales el agua, que debe ser analizado desde un punto de vista social y ambiental.

El acceso adecuado a los servicios de agua potable es esencial para la vida; por lo tanto, asegurar este acceso a toda la gente, en los niveles de calidad adecuados, requiere de proyectos integrales, de inversiones sustanciales y correctas y recurrentes en prolongados períodos.

Sin embargo, cumplir con esta necesidad de infraestructura de servicios permanentes y de calidad debe ser compatible con las necesidades de los grupos más pobres y vulnerables del espacio urbano, los cuales son afectados negativamente por las tarifas y los precios del servicio, así como por la calidad del agua que se suministra, que en nuestro caso tiene contenidos poco medidos, pero de riesgo para la salud a mediano y largo plazos.

La dimensión social del desarrollo sostenible debe ser un principio que implique que la provisión de los servicios de agua potable y el manejo adecuado de las aguas residuales tengan que pensarse desde la perspectiva de la equidad social y el bienestar de todos, teniendo como referente obligado las condiciones de bajos ingresos y de pobreza de amplios segmentos de la población, lo que reduce objetivamente su solvencia económica.

En consecuencia, las acciones que se definan para proveer apoyos económicos que permitan asegurar el acceso de todos al agua buena, para satisfacer sus necesidades básicas en un marco de seguridad, deben establecerse en el marco de la sostenibilidad, teniendo como referente obligado un marco legal e institucional acorde con nuestra realidad, una adecuada Ley Estatal de Aguas, a fin de proteger los intereses y la salud de todos los usuarios, así como la calidad de nuestro acuífero, incorporando necesariamente consideraciones de equidad en la planificación de los servicios de agua potable y del manejo de las aguas residuales.