Quizás una de las situaciones que más crecen con quejas y molestias en el uso de las redes sociales sea la difamación, donde personas publican alguna situación con el fin de desprestigiar o “denunciar” a otras y lograr el apoyo de la comunidad para un linchamiento social a través de Facebook, Twitter, Instagram, etc.

Sin embargo, poca gente conoce que dichos elementos pueden ser usados como pruebas electrónicas en un proceso judicial en caso de resultar víctimas de esa situación, como señaló el maestro en Derecho Penal y Amparo Luis David Ocaña, en una nota publicada en Milenio Novedades el martes pasado.

En Yucatán, dos casos cobraron relevancia apenas hace unos quince días, cuando una jueza de control del Centro de Justicia Oral emitió dos resoluciones al respecto mediante las cuales obligó a los difamadores a responder por sus actos.

En el primer caso, el castigo fue para una mujer, quien utilizó el Facebook para propagar que una comerciante de trajes de baño le había dejado mal en un negocio, publicación que le generó pérdidas económicas a la segunda, debido a que otros clientes le realizaron la cancelación de sus pedidos.

La difamadora tuvo que pagar dos mil pesos de compensación económica así como ofrecer una disculpa pública en su página de la red social y además en la página de la afectada, algo que nunca había sucedido en Yucatán por orden de una autoridad.

Debido a que la queja se resolvió en audiencias, el caso no pasó al juicio oral, donde se podrían haber establecido penas más severas, como la cárcel o multas de 20 a 200 días de UMA.

En el segundo caso, una mujer de Valladolid acudió a la autoridad para denunciar que un hombre había difundido a través de su página de Facebook que tenía una relación sentimental con ella.

El fallo obligó al individuo a ofrecer una disculpa pública en la plaza principal de esa ciudad oriental.
Dos casos curiosos que marcan precedente para el que calumnie y para el que quiera limpiar su honor.