Fue en un artículo publicado en The New York Times, en Estados Unidos, con información del Citizen Lab, el que reveló hace dos semanas el uso del software Pegasus para “intentar” (no está demostrado aún que lo hayan logrado) espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción.

El programa permite acceder y controlar los dispositivos móviles, dando total acceso a los aparatos y la información que contienen, así como al micrófono y las cámaras del los mismos.

Se instala a través de un mensaje de texto de “enganche” que se envía al sujeto y una vez infectado es casi indetectable.

El 10 de noviembre de 2015 se produjeron los intentos de espionaje que denunciaron periodisas, defensores de derechos humanos y activistas contra la corrupción.

El malware Pegasus fue terminado de instalar en la Procuraduría General de la República (PGR) en marzo de 2015. El programa tenía la capacidad de espiar simultáneamente a 500 personas.

Para operarlo se capacitó a 25 agentes, en grupos de ocho, en un lapso de cinco días. La firma del contrato de adquisición fue el 29 de octubre de 2014 y la PGR pagó 32 millones de dólares. El proveedor fue la empresa Tech Bull, SA de CV.

El programa se vende únicamente a gobiernos y su propósito central es vigilar a organizaciones criminales y terroristas.

El Cisen y la Sedena compraron el modelo de espionaje y por Animal Político se sabe desde noviembre que Pegasus fue adquirido por los gobiernos de Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Campeche.

Denise Maerker dio a conocer que la PGR, con Jesús Murillo Karam como titular y Tomás Cerón a cargo del AIC, adquirió 500 aplicaciones de malware, pero fue con Arely Gómez como procuradora que ese acecho se aplicó a los objetivos del escándalo y a prominentes líderes del PAN.
Las autoridades niegan el espionaje.

El Citizen Lab reconoce que no tiene “evidencia concluyente” para atribuir los mensajes de malware a “alguna agencia gubernamental específica en México”.