18 de Junio de 2018

Opinión

La delgada línea entre justicia y autoritarismo

No hay tarea más ingrata que el ejercicio del poder, especialmente que aplicar la ley.

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No hay tarea más ingrata que la del ejercicio del poder, especialmente cuando de aplicar las leyes se trata, porque alguien se sentirá incómodo, mal, si tal o cual decisión emanada del poder público no le es favorable.

Esa parte de la observancia de las leyes también se da en la labor que debe desempeñar el Ombudsman, que en la palabra original, en sueco, significa el defensor del pueblo. A través de la historia y aun en nuestros días conocemos los riesgos que corre la persona que se atreve a enfrentarse al poder cuando éste se olvida que su autoridad emana del pueblo y por tanto es servidor del mismo y no árbitro en la vida de los mandantes, como nos señalan los cánones democráticos.

El Ombudsman no debe ni puede ser antagónico de las autoridades ni de los poderes públicos, por el contrario, a través de su actividad, coadyuva a fortalecer y consolidar las instituciones, al señalar a quien o quienes con conocimiento o por ignorancia pueden vulnerar los Derechos Humanos de la sociedad civil.

Insistiré siempre en indicar que cuando la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán señala una violación a las prerrogativas de la sociedad, no se descalifica la honorabilidad de ninguna institución; se señalan conductas precisas e indebidas de ciertos servidores públicos, reitero que, a sabiendas o por desconocimiento, violan la ley y que al ser investigadas y sancionadas fortalecen el papel de la institución frente a la sociedad al evidenciar su compromiso con la legalidad y la justicia que es el fin último del Estado de Derecho.

Entre las instituciones que integran el Estado no deben existir diferendos ni confrontaciones, sino respeto y equilibrio, ya que lo contrario debilita al propio Estado. Todas las instituciones compartimos objetivos e intereses: lograr que las personas tengan mejores condiciones de vida y desarrollo.

Los organismos públicos de Derechos Humanos no defendemos a delincuentes ni somos impedimento para combatir la delincuencia; por el contrario, somos la única vía para alcanzar la plena justicia porque no se puede combatir la ilegalidad con más ilegalidad.

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