Un marco justo para la justicia

Existe una línea muy delgada entre ejercer la autoridad y el abuso de ésta.

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Desde tiempos remotos aplicar la justicia es un tema polémico que genera inconformidad, tanto de los aplicadores como de quienes están sujetos al escrutinio de la ley.

Por mi mente pasan los horrores que el ser humano ha inventado para encontrar a culpables de algún delito: instrumentos de tortura, desde los más burdos hasta los más sofisticados –no olvidemos a la Inquisición- o denuncias, casi siempre falsas.

La cadena de punibilidad para las o los infractores de la ley se inicia con la detención y sigue con la puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes, hasta concluir en la condena o la absolución, según el caso.

Existe una línea muy delgada entre ejercer la autoridad y el abuso de ésta, pero debemos contribuir con herramientas adecuadas para que las autoridades puedan discernir con mayor objetividad y claridad. El no actuar de acuerdo con la legalidad y debido proceso pudiera generar que las detenciones que se realizan, por más flagrantes que sean, no lleguen a sentencia condenatoria.

Con el apoyo de nuestras autoridades, el pasado día 13 iniciamos el curso de Alta Especialidad en Derechos Humanos, Prevención e Investigación Científica de la Tortura, dirigido a 100 oficiales operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, para que disciernan adecuadamente entre el ejercicio justificado de la fuerza y la violencia, y de esta manera no caigan en abusos durante la labor de salvaguarda de la seguridad en Yucatán.

Así dejamos atrás la falsa creencia de que las instituciones de Derechos Humanos defendemos a delincuentes; por el contrario, el respeto a las prerrogativas humanas, lejos de ser un impedimento para combatir la delincuencia, es la única vía para alcanzar la plena justicia.

En 2016 emitimos seis recomendaciones contra autoridades policiales, derivadas de 114 quejas, en el mar de 293 mil solicitudes de auxilio que generaron 17 mil 370 detenciones, según cifras de la SSP.

Investigar científicamente, con respeto a los Derechos Humanos, para detener, es el marco adecuado para la justicia.

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