Miguel Óscar Sabido Santana/SIPSE

Mérida, Yuc.- Ardua, sin lugar a dudas, fue la tarea de las y los diputados que integran la LXI Legislatura estatal para designar a los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

Fueron 20 aspirantes a ese importante cargo, postulados por numerosas organizaciones de la sociedad civil, que demostraron su interés y participación en esa decisión trascendental como lo es el nombramiento de nuestro nuevo Consejo Consultivo, con el que en breve estableceremos una agenda de trabajo.

Los tres nuevos consejeros de esta institución son Yuli Chapur Zahoul, Anel Rosado Lara y Mauricio Estrada Pérez, en compañía del Lic. José Luis Sánchez González, quien fuera ratificado por el Congreso del Estado. Entrarán en funciones en defensa de los Derechos Humanos de nuestra comunidad por un período de tres años.

A nuestras ex consejeras Pilar Larrea Peón, Marcia Lara Ruiz y Míriam Jure Cejín no les decimos adiós. Seguiremos trabajando con ellas en favor de los derechos humanos.

Durante su gestión en la Codhey dejaron una huella imborrable: un ejemplo de trabajo fecundo en el campo de las prerrogativas humanas en nuestro estado de Yucatán.

Al darles la bienvenida a nuestros nuevos consejeros, esperamos poder implementar en breve la agenda de trabajo para atender sin dilación los temas que tenemos pendientes en el amplio campo de la promoción y defensa de los derechos humanos en Yucatán.

Uno de esos trabajos es, sin lugar a dudas, la respuesta que hemos solicitado a los 106 ayuntamientos de Yucatán para informar a esta institución del avance en el cumplimiento de los siete puntos de la Recomendación General Número 6 emitida en 2014, sobre la situación de los detenidos en las cárceles públicas de la entidad.

Desde la emisión de esa Recomendación General la Codhey ha documentado seis expedientes por el fallecimiento de igual número de personas en las cárceles públicas de Umán, Temax, Dzidzantún, Baca y Teabo.

Con el cumplimiento de la Recomendación General se pretende garantizar la seguridad y dignidad de las personas detenidas.