La Cámara de Diputados se integra con 300 legisladores electos cada uno en una demarcación territorial, el distrito electoral; los otros 200 se eligen colectivamente, en cinco regiones conformadas por varios estados. Para cada una, los partidos postulan cuarenta candidatos en una lista ordenada. De ésta resultan electos un número de diputados proporcional a la votación que cada partido reciba en ese territorio, la circunscripción plurinominal. Con este sistema, al ganar un distrito, el partido que lo hace logra una representación muy superior a su peso electoral, pues esas victorias se alcanzan con menos del 40% de votos. Por esa razón, el principal esfuerzo de los partidos no es por obtener más votos en el país, sino por ganar más distritos que sus adversarios y así contar con muchos más diputados que los que le corresponderían en proporción a su votación.

La consecuencia práctica de esta dinámica es que las demandas e intereses que partidos y candidatos buscan atender en sus campañas son las directamente sensibles en los pequeños territorios que son los distritos, sin necesidad de vincularlas a objetivos programáticos y legislativos más amplios. De esta forma, los aspirantes a diputados ofrecen mejoras materiales para espacios públicos, empleos, pequeños auxilios directos y comida como acciones particulares en beneficio inmediato de las personas cuyo voto buscan. Prácticamente nunca esas necesidades se encauzan en reformas legales o acciones parlamentarias amplias para solucionar problemas comunes en unas perspectivas generales. Peor aún, como regla general, el cumplimiento de esas ofertas se basa en la capacidad del candidato para traficar influencias en favor de sus votantes, evitando la existencia de normas que garanticen que el acceso a servicios y ayudas públicas dependa de las condiciones y derechos de cada beneficiario. Este arbitrario tráfico se publicita sin pudor y se vuelve el centro de la disputa electoral.

Sostener una campaña de este tipo durante los años de búsqueda que requieren los cargos tiene, por supuesto, un enorme costo directo para cada aspirante, independientemente del dinero público que pueda desviar para ello. Además, debe evitar dejar cualquier huella de su uso, pues viola, en el mejor de los casos, las leyes que limitan las llamadas precampañas a ciertos períodos. Este es uno de los elementos que con fuerza atrae dinero ilegal, por su origen o por su uso, a las campañas políticas.

En un contexto en el que las autoridades electorales son incapaces de medir, ni hablar de controlar, el uso real de dinero por parte de los partidos, nada impide que entre masivamente dinero ilegal a diversas campañas, que éstas sean competencias brutalmente desiguales y, sobre todo, que la disputa por programas legislativos quede sepultada.