El forajido de la Casa Blanca tiene problemas. Su ignorancia de la política lo llevó a peligrosos acercamientos con el gobierno ruso, de forma tal que hoy se enfrenta a evidencias que van desde haber recibido dinero de Putin hasta haber destituido al director del FBI para encubrir esa relación, entre otras cosas. Pero, pese a la crisis, Trump no caerá, al menos pronto.

En 240 años, nunca un presidente estadounidense ha sido destituido (Nixon renunció al cargo antes de enfrentarse a la votación del Senado). Esto se debe a que, en última instancia, la decisión no es resultado de un juicio legal sino político, prevaleciendo la fuerza de los partidos sobre el derecho. Esto tampoco significa que Trump tenga garantizada su permanencia en el cargo, pues un eventual desplome del apoyo de su base electoral y del Partido Republicano podría hacerla inviable, con el tiempo. Se trata de procesos sociales y procedimientos jurídicos lentos. Pero mientras Trump cae o deja de caer, el conflicto y las diversas reacciones del aparato del Estado ante él pueden resultar muy ilustrativos de problemas funcionales en el sistema político mexicano.

A diferencia de México, en Estados Unidos el arreglo institucional, las relaciones entre los distintos órganos del poder del Estado, se sostiene en condiciones legales y políticas que hacen de ellos contrapesos efectivos y mecanismos de control ante posibles excesos del presidente. Esto se revela en que sea el propio Departamento de Justicia, en ejercicio obligado de sus funciones, quien designe a un procurador independiente para investigar las acusaciones. También lo es que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes requiera a diversas autoridades, incluyendo agencias de inteligencia, la información y documentación relacionada con el caso. Añadamos que, como práctica institucional, todas las comunicaciones del presidente y los funcionarios de alto nivel son registradas y pueden ser consultadas por el procurador. Estos procedimientos no sólo están legalmente previstos, sino que se estimulan por las condiciones políticas de funcionamiento del Congreso, que incluyen enfrentarse a una prensa activa y la vigilancia beligerante de los opositores.

Es de esta manera que el sistema norteamericano puede funcionar adecuadamente independientemente de las virtudes personales o ausencia de ellas de quienes ejercen el poder del Estado. De esta forma, un presidente hampón, como el actual, corre un riesgo real de perder el poder. Este tipo de arreglos institucionales es el que correspondía hacer al concretarse la alternancia en la presidencia en nuestro país, y es otro de los vacíos que Fox heredó al país al claudicar de su obligación de concretar la transición democrática en cambios constitucionales.