Es innegable que los partidos políticos buscan cada vez más satisfacer las demandas de la gente. Esto se expresa en distintas acciones políticas y en la manera de conducir sus vidas internas. Morena ha llevado esto a regla de postulaciones al utilizar encuestas para la selección de algunos de sus candidatos. En aparente paradoja, en los años que esta búsqueda de aprobación ha durado, los partidos políticos se han alejado cada vez más de los ciudadanos y son hoy una de las instituciones que menor prestigio público gozan.

En la antigüedad, allá por 1979, los partidos opositores tenían propuestas propias que, al margen de cuán populares fueran, promovían, tratando de convencer a los electores de ellas y no suponiendo que fueran lo que al público le atraía de por sí. Por esa vía, el PAN, por ejemplo, promovía la educación religiosa en las escuelas y combatía el libro de texto gratuito, o el PCM pugnaba por el socialismo democrático, la maternidad voluntaria o la escala móvil de salarios. Todos debatían el régimen político y hacían propuestas para transformarlo. No gobernaban ni parecía que fueran a hacerlo en el futuro próximo, por lo que perder nuevamente las elecciones no era factor definitorio de sus programas políticos.

A partir de 1988, en que se hizo evidente que el sistema podía ser vencido, pero sobre todo de 2000, en que lo fue, la perspectiva de los otrora opositores fue cambiando aceleradamente. Ya no se trataba de lograr consensos en torno a un conjunto de planteamientos para después ganar las elecciones, sino de ganar las elecciones a como diera lugar, incluyendo todos los mecanismos admitidos en los hechos, independientemente de la ley. Paralelamente, el sostener propuestas que no gozaran a priori de popularidad comenzó a demostrarse como un lastre electoral. Ya no se trataba de convencer a nadie, sino de demostrar al público que eso que deseaban los nuevos partidos gobernantes lo podían realizar mejor.

En la izquierda, más que en el PAN, el sostenimiento de ciertas ideas, desde las libertades sexuales hasta la debida participación del Estado en la economía, comenzó a ser visto con desconfianza. Temas comparables dejaron de promoverse y hasta algún candidato presidencial fingió ser católico. Bajo esta lógica, hay que postular a quien por su cuenta sea más popular, y no construir la popularidad de quien mejor pueda realizar un programa político específico.

Es así que los partidos políticos renunciaron a su debida función constitucional de dirigir la confrontación social de distintos proyectos políticos, para perseguir con desesperación los efluvios del sentido común de una masa social ayuna de objetivos políticos coherentes. Mala cosa para la democracia mexicana.