La elección de gobernador del Estado de México ha sido ampliamente comentada, especialmente en relación con lo que significa para las posibilidades de los distintos partidos y aspirantes a ganar la elección presidencial de 2018. Sin embargo, me parece que las elecciones del pasado domingo revelan muy graves problemas en el funcionamiento político del país.

La participación electoral apenas alcanzó el 53 por ciento del padrón. Esto significa que la gran elección, la que tenía en vilo a partidos y opinantes, no le importaba en lo más mínimo a casi la mitad de los futuros gobernados. Es verdad que resulta un poco mayor que la de 2011 y 2015, con 47 y 50 por ciento, respectivamente, pero el hecho duro es que uno de cada dos de quienes tenían derecho a votar por el próximo gobernador mexiquense prefirieron dedicar a otra cosa su domingo. Las elecciones no movilizan hoy al conjunto ciudadano.

Las tres elecciones de gobernador realizadas el mismo día demostraron una vez más que el sistema electoral no puede producir más que gobernadores de minoría. En el caso del Estado de México, el ganador lo hizo con el 33 por ciento de los votos. Es decir, dos terceras partes de los electores activamente expresaron su desacuerdo con que él fuera gobernador. La exigencia de lograr mayoría de votos para ganar es vista por la clase política como un requisito para que un candidato tenga más derecho que otros a ocupar un cargo. Pero en la práctica de gobierno esto no es verdad. La mayoría social y electoral es una condición para la gobernabilidad de un estado. No se puede gobernar correctamente cuando dos de cada tres electores quieren un gobierno con otro programa político, aunque se hayan logrado más votos que los contrincantes.

Adicionalmente, la elección ratificó el hecho de que las leyes destinadas a evitar el gasto partidista fuera de control, la entrada de dinero ilegal a las campañas, la iniquidad de la competencia y el uso ilegal de recursos gubernamentales, económicos o humanos, por los principales partidos, son letra muerta. La comisión de delitos a lo largo de los procesos electorales se ha vuelto tan sistemática como la negativa de los partidos a acabar con ellos. La autoridad electoral no sólo no tiene capacidad legal para fiscalizar el verdadero uso de dinero por los contendientes, sino que asume esa limitación sin crítica ni señalamiento, conformándose con declarar que lo que sí le permite hacer la ley, lo hizo muy bien.

No es tiempo de discutir las virtudes de los aspirantes a la Presidencia, es tiempo de aceptar la emergencia política que vive el país y pugnar por un gobierno que haga real la transición democrática en México. Y eso sólo se puede lograr con una nueva Constitución.n