24 de Septiembre de 2018

Opinión

Fin del ciclo democrático

El poder de la pluma

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El 22 de junio de 1963, Adolfo López Mateos decretó el establecimiento de los diputados de partido. Abría así el Estado mexicano a la pluralidad, y con ella a la aspiración democrática que tímidamente emergía en la sociedad. Sin embargo, en los años posteriores, los reclamos de transformación social y democratización crecieron mucho más allá del reducido espacio electoral y partidista, cuestionado ampliamente el orden establecido. La respuesta del Estado fue la represión, desatada violentamente, entre otros, contra el emblemático Movimiento del 68. La consecuente pérdida de legitimidad oficial forzó al régimen, casi diez años después, a asumir nuevamente la necesidad de traducir la oposición social en oposición política, para poder incluirla en el propio sistema político. Nació así la Reforma Política de José López Portillo, que abrió de plano el debate nacional sobre la superación del régimen autoritario vigente y el tránsito a la democracia. En los más de veinte años posteriores se gestó un creciente consenso social en la necesidad de un sistema político plural, con amplia representación parlamentaria, intensa actividad partidista y equilibrio de poderes. Finalmente, la meta colectiva pareció alcanzarse al ganar la presidencia un opositor, Vicente Fox.

Empero, la nueva pluralidad y las metas logradas no rindieron durante los tres sexenios siguientes los resultados de bienestar que la sociedad reclamaba. La escuálida democracia mexicana no llevó a un cambio ni de modelo económico ni de prácticas políticas, por lo que junto con el pluripartidismo y el equilibrio de poderes crecieron la miseria, la corrupción y la impunidad. El electorado, cada vez más distante del ejercicio del poder, desarrolló un creciente rechazo a los elementos centrales de cualquier democracia, los partidos políticos y los parlamentos, para finalmente encontrar en la política misma la causa de la corrupción y los problemas económicos.

En el nuevo consenso social, expresado abrumadoramente en las urnas el 1 de julio, no tienen lugar los viejos reclamos democráticos. No está en la agenda de los votantes el reclamo de una representación legislativa justa, y por tanto proporcional, ni el de eliminar las barreras a la participación de nuevos partidos, el de garantizar la pluralidad política o el de acotar un desbordado poder presidencial. Las aspiraciones democráticas que presionaron por la apertura política iniciada hace 55 años han perdido el gran consenso que antecedió a la elección de 2000. Lo que el nuevo electorado reclama es un poder que sirva a su bienestar material.

El ciclo de la aspiración democrática liberal y plural quizás haya terminado.

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