Uno de los peores fenómenos de la intransición política mexicana es la enajenación ciudadana de efecto de su voto. Desde que el régimen de partido de Estado cristalizó, a mediados de la década de los treintas del siglo XX, el poder político se hizo ajeno al ciudadano. Durante las décadas siguientes, este régimen autoritario tuvo la capacidad de encauzar realmente las demandas populares a través de sus corporaciones, y de establecer reglas de acceso al poder público y mecanismos relativamente eficaces de movilidad social para sectores diversos de la sociedad, pero excluyendo de manera casi absoluta la posibilidad de disentir del sistema. Esto generó un régimen electoral en el que, más allá de esporádicos sobresaltos, el partido de Estado no perdió ninguna elección relevante durante medio siglo. Sin embargo, a partir de 1968, comenzó a desarrollarse una resistencia social al estado de cosas que creció hasta llegar a la derrota del PRI en la elección de 2000.

La alternancia en la presidencia, en virtud de la decisión de Vicente Fox de no modificar el diseño constitucional del sistema político, no fue, como se suponía, el paso definitivo en lograr una transición democrática mexicana. El régimen político actual combina así, muy deficientemente, las normas y estructuras institucionales del viejo sistema con las nuevas condiciones de pluralidad política, diversidad social e incapacidad institucional de control sobre un sinnúmero de poderes antes sujetos al arbitrio extra legal del jefe de Estado. El resultado es un sistema limitadamente democrático, donde muchos espacios de decisión política y particularmente electoral quedan fuera del alcance y del control legal de los ciudadanos, pero en el cual la opinión pública y el ejercicio del voto son eficaces para determinar los resultados electorales, generando derrotas muy frecuentes de los partidos que ejercen el gobierno en el nivel correspondiente.

La eficacia práctica del voto, sin embargo, no es percibida con claridad por quienes eligen, entre otras cosas porque sistemáticamente resultan electos gobiernos que no tienen mayoría electoral, dada la división del sufragio entre múltiples opciones partidistas. La noción de que una minoría puede hacerse electoralmente del poder frente a un rechazo electoral dividido pero mayoritario encuentra su realización en la práctica. Esto genera la convicción de que el voto propio es ineficaz para dar poder y que, en consecuencia, no es el sufragio el que produce a los gobiernos. Estos son vistos así como instancias de poder ajenas al ciudadano.

Separados de esta manera del poder, los ciudadanos reclaman sus actos como si éste no fuera el resultado de su propio voto. La enajenación da al ciudadano la paz de no sentirse responsable de los gobiernos que consagró con su sufragio.