12 de Diciembre de 2017

Opinión

Meridaland

¿Qué pasa si contamos el cuento de La Caperucita Roja, pero desde los ojos del lobo?

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Había una vez una ciudad hermosa dentro de un país asolado por crimen organizado, violencia, corrupción y otras alimañas; esta ciudad de fantasía se llamaba Meridaland y parecía contar con un escudo protector contra los hechizos del mal. Sin embargo, un día cayó en las manos de una horrible hechicera que se disfrazó primeramente de una mujer bella y joven para acceder al poder y una vez en él arremeter contra las bellezas de la ciudad. Las promesas de acabar con el hambre, de un transporte público económico y una recolección eficiente de los desechos simplemente se esfumaron; en vez de eso construyó puentes invertidos, sembró el mal de la discordia y la luz de la ciudad fue cambiada por una de un color más blanco, pero de menos amplitud. Y como en todos los cuentos de hadas y fantasías existe un cid campeador, un príncipe alado dispuesto a destruir a la malvada hechicera que después de una batalla campal sucumbe y abandona el poder. Ante el triunfo del bien, el primer designio del nuevo rey será cambiar la luz que ahora envuelve a esta ciudad para legitimarse aún más en el poder. Y así los ciudadanos vivieron felices y comieron perdices.

Pero, mientras caperucita cuente el cuento el lobo siempre será el malo, y en la realidad donde no hay malos ni buenos sino humanos que toman buenas y malas decisiones el análisis y la crítica debe ser otra.

Es cierto que el nombre de Angélica Araujo está rodeado de una nube de oscuridad debido a los malos manejos administrativos de los servicios públicos, la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos económicos y la nula diplomacia para manejar conflictos con los ciudadanos; sin embargo, los contratos otorgados a empresas privadas siguieron un proceso de licitación para poder obtenerlos.

Por otra parte, uno de los problemas de muchos políticos en nuestro país es su afán de legitimarse (socialmente) en el poder y para esto Renán Barrera, en un acto de capricho y de sordera selectiva y por los consejos de sus asesores financieros, decidió rescindir un contrato y así obligarnos a pagar rentas atrasadas e intereses moratorios cercanos a los 400 millones de pesos.

Ante una pésima decisión de gobierno deberían existir consecuencias claras y prontas, solo así los políticos entenderán que el dinero público es de todos los ciudadanos y no es un recurso propio que pueden utilizar a su antojo o con fines electorales. Una inhabilitación por lo menos de tres años del servicio público es lo mínimo que deberíamos pedir como ciudadanos y no dejarnos engañar por cuentos mal contados. Ante lo ocurrido, Mauricio Vila tiene una oportunidad de mostrar sus dotes de administrador público y salir indemne de la batalla.

Al final, la moraleja de este cuento es que nadie sabe para quién trabaja.

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