La caravana migrante tiene que ser vista desde diversas aristas, la primera humanitaria y de derechos humanos.

El Estado mexicano ha reaccionado, en este caso, de la forma en que se esperaría de un país hermano y de un Estado miembro de un sistema universal que protege los derechos humanos de todas las personas, incluyendo el de emigrar y transitar libremente en cualquier territorio, salir de su país y regresar al mismo, aunque es cada nación la que decide su admisión según su normativa migratoria.

Aun con ello, las personas deben ser notificadas de sus derechos como el acceso efectivo al consulado de su país de origen y el derecho a la asistencia. Si una persona corre peligro en la tierra de donde viene, ya entran en juego las normas de protección internacional de refugiados para garantizar que puedan solicitar asilo.

México ha informado que unas 1,700 personas han solicitado refugio. En cierta forma la nación haría el papel de “tercer país seguro”, que habría rechazado cuando el gobierno de Trump planteó la propuesta en el pasado.

Otro tema es la de la situación interna de los países de origen de los migrantes, la pobreza y violencia. Honduras, por ejemplo, vive una lucha poselectoral que derivó en protestas violentas y hasta en toque de queda en diciembre de 2017.

The New York Times ha planteado que el presidente Juan Orlando Hernández, reelegido y señalado por una política de represión, tiene la simpatía de Estados Unidos por intereses en una base militar de ese país. El gobierno de Hernández, por su parte, acusa a la oposición de estar detrás de la caravana.

Lo cierto es que Honduras encabeza la lista de países con más homicidios intencionales en el mundo, junto con El Salvador con tasas de 45 a 66 por cada 100 mil habitantes. Esta tasa para México es de 20 y para Chile de 3.1.

Por ciudad, San Pedro Sula y Distrito Central en Honduras, así como San Salvador, se ubican entre las ciudades más peligrosas del mundo, junto con Caracas, Venezuela, y Acapulco y Ciudad Victoria en México, con tasas de escándalo que van de 84 a 130 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes.