22 de Septiembre de 2018

Opinión

Una máquina bien aceitada

De no hacer un cambio urgente seguiremos perdiendo todos.

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Ocurre algo grave –por ejemplo: el fallecimiento de medio centenar de bebés en una guardería; la desaparición de 43 estudiantes o el asesinato de un candidato presidencial- e inmediatamente empiezan a actuar los órganos de procuración de justicia en México. En la primera fase acordonan el área, resguardan la evidencia e implicados (si los hubiere) y tratan de apagar el metafórico incendio en los medios. Si esto no calma a la sociedad, se pasa a una segunda fase, en la cual se nombra a un “fiscal especial” para que en teoría dedique toda su energía a esclarecer los hechos; que entre sus funciones está informar periódicamente a la sociedad que está siguiendo líneas de investigación sobre las cuales sólo puede dar datos a cuentagotas, pues sería comprometer información clasificada que ayudaría a dar con los responsables. Al final, casi nunca encuentran al culpable, pero sí lograron patear la lata hasta el infinito, con lo cual quedan protegidos todos los implicados. Cuando hay presunción de hechos delictivos en los cuales pudieran estar implicadas personas de alto perfil, ¿han observado cómo los órganos de procuración de justicia en México parecen ser una máquina perfectamente bien aceitada para desaparecer toda posibilidad de dar con los culpables?

La Casa Blanca de la Gaviota, el Palacio de la Civilización Maya en Yucatán (proyecto en el que se gastaron 90 millones de pesos de dinero de los contribuyentes) inconcluso y abandonado. En Veracruz, niños enfermos de cáncer que recibieron agua destilada en lugar de medicamentos para quimioterapia. En Nuevo León, legisladores federales del PAN que exigían “moches” a los alcaldes para autorizarles fondos para sus municipios. Muchos casos pero ningún culpable.

La tibieza del estado en temas de procuración de justicia –más cuando es uno de los suyos- ha envalentonado a quienes quieren delinquir; pues se han dado cuenta que no habrá consecuencias o que éstas serán mínimas. Así pues, lo mismo pueden sangrar el erario, traficar influencias o negociar “moches”; actúan así porque saben que pueden hacerlo, que un manto de impunidad los protege.

Como ciudadanos, ¿cómo no sentirnos desprotegidos? De no hacer un cambio urgente seguiremos perdiendo todos. Hace unos días, en el Congreso del Estado se aprobó retirar el fuero a funcionarios de Yucatán; quizás éste sea un primer paso en la dirección correcta. Habrá que ver la disposición de los municipios para que la ley realmente se ejecute, si no sólo será otra más en el tintero.

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