El 2017 supuso el año más violento para el país, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues se perpetraron 29 mil 168 asesinatos dolosos, la mayoría de ellos debidos al crimen organizado, contabilizando 671 como feminicidios.

Los estados en donde las mujeres corren más peligro son Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, Estado de México y Morelos en donde se registraron de 82 a 57 feminicidios el año pasado.

El feminicidio está tipificado en el Código Penal Federal como la muerte de una mujer por razones de género cuando se cumplen ciertos supuestos; en el caso de Yucatán, sólo se registraron 9 casos de muertes violentas de mujeres y en todos ellos se aplicó el protocolo de feminicidio, dos de ellos aún no se han confirmado como tales pues la investigación sigue su curso.

La Alerta de Violencia de Género (AVG) es un mecanismo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que pretende garantizar la seguridad de las mujeres y niñas implementando un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para tal propósito, sea el cese de la violencia en su contra o eliminando las desigualdades producidas por una legislación o política pública.

Dando a conocer tales cifras, nos llama mucho la atención que en Yucatán se haya solicitado decretar una Alerta de Violencia de Género, pues las recomendaciones que se hacen al Ejecutivo se exceden en cuanto a las atribuciones que tiene la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), toda vez que no está facultada con capacidad de iniciativa para modificaciones legislativas como medida derivada del proceso de emisión de alerta de género.

Por otro lado, otra serie de recomendaciones que hace el grupo de estudio avalados por Conavim abiertamente chocan con el orden jurídico nacional, ya sea porque resultan inconvencionales o inconstitucionales.

¿Qué tiene que ver el feminicidio con el “matrimonio” entre personas del mismo sexo? ¿Qué tiene que ver el feminicidio con el aborto? A todas luces ¡nada!

Pues parece que esta es la nueva estrategia legal para imponer el aborto en el país. ¡Qué casualidad que las alertas se están dando principalmente en los estados donde la vida se protege desde la concepción y hasta la muerte natural! Y dejemos en claro que nos duelen las muertes de cualquier persona, hombre o mujer, en cualquier situación y etapa de vida.

Siete estados están “en capilla”, siendo Campeche y Yucatán los que menores cifras reportan y aun así han sido amenazados con el decreto de AVG. Estaremos atentos a lo que responda el Ejecutivo del Estado, a quien se le da un plazo de seis meses para contestar, esperando que no se deje amedrentar por las recomendaciones que carecen de proporción y adecuación. Bienvenidas las recomendaciones que están verdaderamente orientadas a cesar con la violencia que se perpetúa contra las mujeres, pero mucho ojo con aquellas que tan sólo traen más violencia, como aquellas que dejan en la indefensión a las que están en el vientre en gestación… ¿y esos feminicidios no cuentan? ¿los homicidios no importan en esa etapa?.