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Aunque el candidato del PAN, Ricardo Anaya, no ha sido acusado formalmente de haber cometido algún delito, ello no significa que continúe su crecimiento ascendente rumbo a la consolidación de su candidatura. Todo lo contrario, pues, desde las últimas semanas, como precisarán las próximas encuestas, ha venido sufriendo una caída estrepitosa a raíz de la investigación por “lavado de dinero” a una empresa con la que hizo negocios.

La sombra de la sospecha lo ha abatido tanto que, en lugar de presentar los documentos que acrediten que en esa operación procedió de manera legal, ha recurrido al “Jefe Diego” para que asuma su defensa con la estrategia socorrida de presentarse como víctima del rejuego político-partidista y denigrar y desacreditar a las instituciones de justicia que, insisto, hasta el momento no lo investigan, cometiendo excesos inaceptables.

Lo peor es que ha sido pillado con mentiras tan evidentes como negar conocer al dueño de la empresa con la que hizo negocios para, luego de aceptarlo, afirmar que no tenía con él relaciones sociales, ni de negocios, cuando al final se supo que tienen vínculos familiares, lo que no constituye en sí un delito, pero demuestra su proclividad al engaño.

Su ligereza y petulancia lo pusieron en una situación tan precaria que analistas políticos e intelectuales afines al queretano consideraron necesario acudir en su defensa, difundiendo los argumentos con que, de manera inapropiada, asumió originalmente su defensa; como Leo Zuckerman, que proclama falsamente que no hay delito de “lavado de dinero” cuando no están involucrados recursos públicos; o Jorge Castañeda, que expone que cualquiera puede hacer negocios con empresas que operan con recursos ilícitos sin verse involucrado en el delito.

El escándalo cobró niveles tan relevantes que un grupo de militantes de los partidos que constituyen el frente que encabeza han solicitado su remoción como candidato presidencial y, poniéndole el dedo en su llaga, exigen el establecimiento de un proceso democrático para designar otro candidato.

Lo contradictorio es que Anaya, que, con el fin de posicionarse, recurrió a la agresividad extrema y, abusando de la precampaña, enarboló como única bandera una implacable lucha contra la corrupción, ha sido el primero de los candidatos en caer de las preferencias electorales por la sospecha de estar involucrado en actos fraudulentos.

Pero el colmo es el argumento de Aguilar Camín, luego retomado por Loret de Mola, de que por ser los 54 millones del negocio una cantidad ínfima y despreciable, debe ser perdonado por el bien de la democracia.

Así el pegajoso jingle de la campaña de Anaya será sustituido por el coro de la popular canción de la Sonora Santanera: “¡Oye Salomé!, perdónalo, perdónalo”.

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