No cabe duda que a pesar de las diferencias ideológicas y programáticas los partidos políticos pueden ponerse de acuerdo, como quedó demostrado la semana pasada en el Congreso del Estado, donde fueron aprobadas por unanimidad diversas actualizaciones a nuestras leyes, conforme a las demandas de una sociedad que hoy exige avanzar en materia de igualdad, transparencia y mayor compromiso de nuestras autoridades. Así fueron modificadas nuestras normas en materia de fueros, financiamiento a los partidos políticos, pensión para mandatarios estatales, así como el derecho a la identidad que puede considerarse como el origen de todos los derechos.

De esta manera queda eliminada una norma que había sobrevivido de la etapa anterior a la República y que correspondía a la estratificación social correspondiente a las castas, al clero y la nobleza, típicas de una sociedad donde el ideal de la igualdad no tenía cabida.

No obstante el fuero que quedará eliminado finalmente se aplicaba a las autoridades legalmente elegidas: gobernador, diputados estatales, presidentes municipales, a los titulares de la administración pública estatal y de los organismos autónomos, así como a las del Poder Judicial, y fue originalmente creado para garantizar que pudieran ejercer sus funciones de manera autónoma. Empero el abuso que hicieron de él algunos funcionarios que lo convirtieron en fuente de impunidad, al usarlo, en algunos casos, para burlar la Ley, le generó el repudio popular.

Además los funcionarios de la administración pública dejarán de buscar puestos de elección popular con el único objeto de no tener que enfrentarse a juicios por malversación de fondos o cualquier otro delito.

En una sociedad cada vez más insatisfecha con los insuficientes resultados de los gobiernos, tanto los políticos como sus partidos son fuente de desconfianza y descontento, de ahí que hayan ganado popularidad las propuestas relacionadas con la disminución del número de legisladores, por ejemplo. De ahí la aceptación de la iniciativa a favor de la disminución de la mitad del presupuesto para los partidos políticos en años no electorales, así como la ampliación del porcentaje, del 2 por ciento al 8 por ciento del tope de gastos de campaña, que pueden recibir de financiamiento privado.

Aunque presupuestalmente no representaba una cantidad considerable, la eliminación de la pensión para exgobernadores abona a favor de la eliminación de lo que la gente considera privilegios.

El reconocimiento al derecho fundamental de tener identidad en el Registro Civil, de manera gratuita, representaba un olvido en nuestra legislación, que mereció ser subsanado. La unanimidad del Congreso del Estado no es otra cosa que el reconocimiento de los legisladores a las causas justas que la sociedad reclama.