El abogado Renán Barrera Concha sufrió un revés de la Suprema Corte de Justicia, que la semana pasada dictaminó que el procedimiento que utilizó para romper el contrato entre el Ayuntamiento de Mérida con ABC Leising-Santander fue contrario a las normas establecidas por las leyes mercantiles. Lo injusto es que su error no le costará a él un sólo peso, pues será pagado por los ciudadanos meridanos, lo que seguramente provocará el diferimiento de obras de infraestructura y deteriorará la prestación de servicios.

Resulta un hecho que se ha vuelto habitual que los costos de las decisiones erróneas de los políticos sean generalmente apechugados por los contribuyentes, sin repercusión alguna para los funcionarios. El propio exmunícipe en una entrevista en “El Columnista Radio” declaró que, de acuerdo con sus cálculos, cuando se agotara el procedimiento legal, serían las futuras administraciones a las que les tocaría "pagar el pato".

Si el listo abogado trabajara para una empresa privada, en lugar de la impunidad que le proporcionan su partido y el alcalde actual, seguramente se le fincarían responsabilidades y lo pondrían de patitas a la calle, con la frase del célebre reality de Donald Trump: "¡Estás despedido!"

Pero no se crea que el dictamen de la Corte fue sorpresivo, todo lo contrario, nadie ignoraba que la “estrategia” privilegiada del equipo legal del Ayuntamiento consistía en diferir lo más posible la resolución de la querella. Habida cuenta de que daban por descontada su derrota, el “previsor” alcalde Mauricio Vila estableció al principio de su administración un fondo para afrontar el pago, que cuenta con 36 millones de pesos. No sabemos realmente qué otras cosas previó Vila, ni cuántos cochinitos más tiene.

Y es que el desaseo con que procedió Renán Barrera en el affaire de las luminarias fue tal que para rescindirle unilateralmente el contrato a la arrendadora se allegó de dictámenes peregrinos elaborados exprofeso por “profesionistas prestigiados” y con representantes de asociaciones empresariales conformó un “comité de notables” que le permitió asignarles directamente la compraventa de otras lámparas. De anécdota resultó conocer que el alcalde haya mandado desconectar secciones enteras del alumbrado público para probar que no funcionaban como demostró la empresa.

El problema no termina con el pago de alrededor de 500 mdp por parte del Ayuntamiento a la arrendadora, pues también deberán devolver las lámparas, aunque una buena parte de ellas han sido vendidas y otra se encuentra deteriorada.

Le alcanzó la ley del karma al exalcalde, justo ahora que mantenía un desbocado protagonismo en pos de su candidatura al Gobierno del Estado por el PAN.