22 de Junio de 2018

Opinión

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¿Cuál será el grado de deterioro que como sociedad hemos alcanzado cuando se dan manifestaciones de inconformidad en contra de la actuación de las autoridades encargadas de combatir el crimen organizado?

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¿Cuál será el grado de deterioro que como sociedad hemos alcanzado cuando se dan manifestaciones de inconformidad en contra de la actuación de las autoridades encargadas de combatir el crimen organizado?

Y conste que no estamos hablando de las “bases sociales” que las bandas delincuenciales, como las conformadas por narcotraficantes, traficantes de gasolina y asaltantes de trenes, organizan como parapeto contra la acción de la justicia que, a cambio de migajas del botín, se ubican en la primera línea de combate, arriesgando a mujeres, ancianos y niños a ser víctimas fatales de las fuerzas policiales.

Ya que se trata de la sociedad de un Estado, Quintana Roo, que en año y medio se ha visto asolada por el creciente activismo de las organizaciones delictivas que han elevado las cifras del crimen al doble, en relación con las de las administraciones anteriores, y que amenaza con poner en jaque a una actividad cuyo insumo principal es la seguridad, como la turística, de manera que, ante la incapacidad gubernamental, las asociaciones empresariales hacen llamados a la participación de la sociedad civil en su combate.

Porque lo que está detrás del llamado “Robo del siglo”, que consistió en el aseguramiento por parte de la Seido de las cajas de seguridad en la franquicia en Cancún de la compañía First National Securitiy, es una investigación sobre la presunta conexión entre organizaciones criminales y ramificaciones en Puebla y Quintana Roo, originada por averiguaciones iniciadas en la entidad antes gobernada por Moreno Valle y la información proveniente de la captura de una Capo, ex jefa policiaca, de la zona turística caribeña.

Claro que los inconvenientes y las molestias que la medida ocasiona a la gente que no está relacionada con las actividades ilegales pueden ser de consideración, sobre todo si imaginamos las inquietudes y los temores originados por rumores que malintencionadamente ha hecho circular la empresa, que por cierto se ha negado a colaborar con la autoridad como es su obligación, prolongando innecesariamente el lapso del aseguramiento. No obstante, no pasarán a mayores y podrán disponer íntegramente de su patrimonio a la brevedad. Así lo ha garantizado el Ministerio Público de la Federación, que confirmó su compromiso de vigilar que los servidores públicos se desempeñen conforme a las disposiciones del Sistema Penal Acusatorio.

Si asegurar las cajas de seguridad contribuye al desmantelamiento de las redes del crimen organizado (lavado de dinero y contrabando de joyas y/o de divisas), así como al control y la disminución de las actividades criminales en Quintana Roo, habrá valido la pena pagar el costo social que ocasionó.

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