16 de Octubre de 2018

Opinión

¿Eficiente o popular?

Peña Nieto se ha pronunciado por hacer lo que se debe hacer, aun a costa de su popularidad.

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Después del cuarto informe de Enrique Peña Nieto, cuando arrancó la carrera para las elecciones de 2018, ciertos editorialistas coincidieron en plantear la disyuntiva que vivía, hipotéticamente, en ese momento, el presidente: gobernar para garantizar el triunfo de su partido o pensar en el futuro de nuestro país; entre hacer lo que se tendría que hacer para ganar las elecciones o, simplemente, hacer lo que se debía hacer.

La sugerencia de los, no tan apartidistas, escritores era que, dadas las dificultades para revertir su popularidad en picada, Peña debería hacer lo que se tiene que hacer, sin importarle entregar la Presidencia a otro partido político. ¡Valiente democracia la nuestra, donde la eficiencia en el ejercicio del poder se convierte en la antesala de la derrota electoral; donde para ganar elecciones hay que ser ineficiente!

Tan contradictoria disyuntiva nunca ha estado en la perspectiva de Peña Nieto, que se ha pronunciado por hacer lo que se debe hacer, aun a costa de su popularidad y de su impacto electoral, como cuando se dispuso a pagar el costo de las Reformas Estructurales que le otorgaron una aceptación no esperada, o cuando llevó al cabo el gasolinazo. Es parte de la ideología del PRI que para ganar elecciones hay que gobernar bien, lo que queda claro en estos tiempos de alternancia, donde los ciudadanos no dudan para cobrarse las afrentas de los malos gobernantes.

Y así demostró ahora al decidir enfrentarse al robo de combustible, que ha venido diezmando, desde los gobiernos de Fox y Calderón, las finanzas de Pemex y del Estado; que ha desencadenado en las poblaciones afectadas el deterioro que se origina de la complicidad y el delito; donde el crimen organizado utiliza a las mujeres y los niños como carne de cañón y como empleados, a riesgo de su propia vida. Difícil situación de precariedad que en modo alguno justifica lo que algunos abanderan como el derecho sagrado a delinquir. Esta red delincuencial no podría existir sin la connivencia de empresarios de las gasolineras, clientes de las ventas al mayoreo de las bandas criminales, donde la venta al menudeo es la punta del iceberg.

Y conste que otros gobiernos no lo hicieron igual: Fox y Calderón se hicieron convenientemente de la vista gorda, cuando sospecharon que sus correligionarios, gobernadores de los Estados de Puebla y Guanajuato, el uno y el dos, brindaban protección a esas redes criminales.

¿Qué legitimidad puede tener Moreno Valle para pedir el voto siendo responsable de la proliferación del “huachicoleo”? Él debe seguir en la lista de gobernadores a investigar.
Más que para el beneficiario de la duda, el voto debe ser para quien demuestre eficacia en el gobierno.

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